El amparo fue por muchos años la principal herramienta de la ciudadanía para frenar las decisiones arbitrarias del gobierno. Hoy, este pilar del derecho mexicano está por perder su esencia y se encamina a ser una mera formalidad que ya no cumple su función protectora original. La reciente reforma a la Ley de Amparo impulsada por la mayoría oficialista no es un ajuste técnico; es un golpe quirúrgico al Estado de Derecho, el último y más filoso clavo en el ataúd de la justicia constitucional tal como la conocíamos.

Con esta reforma, se consolida el tránsito hacia un nuevo sistema constitucional y de justicia. La reforma se basa en una visión regresiva que nos aleja de los avances de 2011 en materia de derechos humanos y del control de convencionalidad.

El principal foco de esta regresión se centra en la figura de la suspensión del acto reclamado. Tradicionalmente, esta medida cautelar permitía a un juez federal detener temporalmente los efectos de una ley o un acto de autoridad (como un megaproyecto, una reforma legal o una orden de bloqueo de cuentas) mientras se analizaba su constitucionalidad. Era la válvula de seguridad del sistema, el resguardo del particular frente al poder estatal y la garantía de que, al final del juicio, no se encontraría con una victoria pírrica cuando el daño ya era irreparable.

La modificación a la Ley de Amparo ya aprobada por el Congreso, sin embargo, limita gravemente esta capacidad.........

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