La reciente elección popular de juezas, jueces, magistradas, magistrados y ministras o ministros de la Suprema Corte fue presentada como un paso histórico hacia la democratización de la justicia. En realidad, representó la renuncia a uno de los pilares esenciales del Estado de derecho: la independencia judicial. Lo que se vendió como un avance democrático es, en los hechos, un retroceso que compromete la vida, la libertad y el patrimonio de las personas.

El Poder Judicial, por definición, tiene una función contra mayoritaria. Su razón de ser es proteger derechos incluso frente a la mayoría: frente a la arbitrariedad del Ejecutivo, los abusos del Legislativo, o los climas de opinión que pueden ser tan pasajeros como peligrosos. Pretender que esa función se sujete a campañas electorales, a la lógica de la popularidad y a las urnas es desconocer la esencia misma de la jurisdicción.

La reforma judicial fue presentada como un avance democrático, como la forma de acercar la justicia “al pueblo”. Pero los errores y omisiones que han surgido han puesto en evidencia cómo estos cambios pueden afectar la vida, la propiedad y la libertad de las personas, sobre todo de quienes menos han entendido —o tienen acceso— al funcionamiento real del Poder Judicial.

Hoy vivimos las consecuencias: justicia paralizada, incertidumbre sobre los perfiles que “ganaron” en las urnas, un espectáculo vergonzoso de la nueva Corte violando sus propios reglamentos, personas juzgadoras que no logran llevar una audiencia en donde se encuentra en juego la libertad y el patrimonio de los justiciables; y las personas más vulnerable a merced de un sistema debilitado.

La justicia (federal y local) mexicana atraviesa un momento crítico. El experimento de la elección popular de personas juzgadoras ha dejado a la vista lo que advertimos desde el inicio: la función jurisdiccional, por definición contra mayoritaria, no puede ni debe sujetarse al vaivén electoral.

Durante décadas, México construyó un sistema de carrera judicial federal que, aunque perfectible, representaba un contrapeso frente a la discrecionalidad política.

El ingreso a las distintas categorías era a través de méritos; las personas aspirantes a juezas y jueces de distrito, o magistradas y........

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