En su primer informe de gobierno, Claudia Sheinbaum presentó avances del Programa de Vivienda para el Bienestar, quizás la apuesta social más ambiciosa de su administración. La meta es clara: 1.8 millones de viviendas en seis años, de las cuales ya se reportan 200 mil en construcción. De concretarse, sería uno de los programas habitacionales más grandes de la historia reciente y una respuesta de gran escala a un problema real: 8.4 millones de hogares en rezago y al menos 800,000 viviendas abandonadas en las periferias. El esfuerzo no es menor; lo decisivo es cumplir esa promesa sin repetir errores del pasado. De ahí surgen tres dilemas: el suelo, el financiamiento y el tiempo político.

El acceso a suelo bien ubicado es el mayor obstáculo para que la vivienda social sea asequible. Para colocar unidades en torno a 600,000 pesos, el terreno tendría que ser gratuito o muy barato, lo que supone que municipios y estados aporten predios valiosos. Sin mecanismos que alineen incentivos locales, esos predios suelen reservarse para proyectos de mayor recaudación, mientras persisten brechas de capacidad técnica para habilitar tierra urbana y enfrentar la especulación. El riesgo es claro: si no se resuelve el cuello de botella del suelo, la construcción se desplazará otra vez a periferias desconectadas y el abandono se repetirá.

Frente a esta restricción, el gobierno ha buscado incorporar a desarrolladores privados en la producción........

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