De madrugada y sin tomar en cuenta las advertencias de diversos organismos, esta semana se consolidó un nuevo golpe a nuestro derecho a la privacidad, imponiendo de paso una nueva carga a las empresas. Con 355 votos a favor, se aprobó en lo particular el dictamen que reforma el Código Fiscal de la Federación en el que se prevé, entre otras cosas, obligar a prestadores de servicios digitales a brindar al SAT acceso permanente, irrestricto y en tiempo real a información de sus usuarios para corroborar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. En caso de que las plataformas ̶ que incluyen aquellas de streaming, de mercado electrónico, de citas o de enseñanza ̶ no permitan a las autoridades el acceso a esta información, serán sancionadas con el bloqueo temporal de sus servicios.

Si bien se ha buscado justificar esta reforma con el argumento de fortalecer las capacidades recaudatorias de las autoridades, lo cierto es que la medida constituye una transgresión al derecho a la privacidad. Se trata de vigilancia excesiva sin rendición de cuentas, pues del texto aprobado no queda claro exactamente cuál información es la que estas empresas deben poner a disposición de la autoridad tributaria. De la frase........

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