Es fácil oír, en prácticamente todos los países de Occidente, que cada vez la población se empobrece más. Incluso una parte de la gente que tiene trabajo y, por lo tanto, cobra un sueldo se encuentra en el umbral de la pobreza, si no es que lo traspasa. Las administraciones, por el contrario, se quejan de que cada vez tienen menos recursos públicos para destinar a las necesidades sociales y a menudo se ven desbordadas por peticiones de ayudas diversas que no pueden satisfacer. Pero mientras esta realidad persiste, y los pobres son más pobres y los ricos son más ricos, y con el paso del tiempo todo esto se cronifica, aparecen noticias con grandes titulares que anuncian que en Europa, en Estados Unidos y en otros lugares del mundo civilizado el gasto militar, también público, se ha disparado. Es más, el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, les ha pedido que todavía lo aumenten más. O sea, que para lo que conviene, para lo que interesa, sí hay dinero público para gastar.

¿De dónde salen estos recursos públicos? Pues única y exclusivamente de los bolsillos de los ciudadanos, de los impuestos que pagan religiosamente los habitantes de los países desarrollados y que los dirigentes políticos respectivos administran con más o menos acierto, salvo los que de vez en cuando ponen la mano en la caja y que directamente deberían ser condenados por ladrones y estafadores. El ciudadano, sea como sea, pierde el control sobre los impuestos en el momento que los satisface y a partir de entonces son las administraciones las únicas responsables del uso que se hace de ellos. Y aquí empiezan los problemas, porque el ciudadano no puede ejercer ningún tipo de control, más allá de mostrar su aprobación o su malestar cada cuatro años en las urnas. Entremedio, sin embargo, pasan, a menudo, cosas que rehúyen........

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