La solicitud del gobierno de Estados Unidos para detener provisionalmente a Rubén Rocha Moya con fines de extradición ha generado una reacción inmediata de defensa política. Otra vez aparecen los argumentos conocidos y recurrentes: intervencionismo, ataque a la soberanía, conspiración extranjera. Sin embargo, la discusión más importante no está en Washington, sino en México. Lo verdaderamente alarmante no es que una fiscalía extranjera investigue posibles vínculos entre políticos y crimen organizado. Lo alarmante es que, desde hace años, buena parte de esos señalamientos ya eran conocidos públicamente en México y, aun así, no provocaron consecuencias políticas reales. Ese es el fondo del problema. Durante décadas, los vínculos entre política y crimen han existido en distintas regiones del país; pero antes, al menos, había cierto pudor institucional. Una acusación grave obligaba a tomar distancia, abrir investigaciones, contener políticamente el daño o fingir preocupación pública. Hoy ocurre lo contrario. Las alertas se administran........

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