No es la primera vez que Petro reclama que “el Presidente es el que ordena”. Tampoco la primera en que acusa a los jueces o a los organismos independientes (v. g., Banrepública) de incurrir en delitos cuando reversan o no atienden alguna de sus decisiones. Ni mucho menos, la que exige obediencia frente a ministros, alcaldes, gobernadores y otros poderes del Estado. Pero no es que se trate de una conspiración contra el Presidente. Con algunas excepciones, esas decisiones obedecen a las reglas de juego que rigen los sistemas de pesos y contrapesos en los que debe funcionar una democracia.

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El problema es que la excesiva ‘complacencia’ con la que se ha manejado el poder del Presidente y el facilismo con el que se han expedido reformas para viabilizar sus principales políticas (en este y en gobiernos anteriores) han terminado por volverse en su contra. Las medidas que, en principio, se promovían como mecanismos o alternativas para facilitar decisiones y acciones en el trámite de los procesos de paz o para posibilitar reformas........

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