El viernes pasado, en la Cámara de Comercio de Bogotá, hicimos el lanzamiento del libro ‘Lo que Colombia necesita: una agenda nacional prodemocracia 2026-2030’, publicado por Editorial Planeta (previamente en forma virtual por ‘Cambio’). La obra recoge quince ensayos cortos de ciudadanos con experiencia en la investigación y el manejo de los asuntos públicos. Es una contribución al debate electoral y a las políticas que debe adoptar el próximo gobierno.

En los primeros capítulos se analizan temas institucionales: el Estado de derecho, la justicia, la administración pública, las Fuerzas Militares y las relaciones internacionales. En una segunda parte, los sociales: salud, educación, cultura y empleo. Concluimos con los de equidad regional y con el mundo rural, sostenibilidad ambiental, desarrollo tecnológico y crecimiento y estabilidad económica.

El nuevo gobierno heredará varias crisis. La más importante es la de la salud, por el deterioro del sistema, la incapacidad del Gobierno de promover una reforma que genere consenso y un enorme desequilibrio financiero. Se propone fortalecer la atención primaria, una completa separación entre prestadores y aseguradores, un sistema especial para el sector rural y fortalecer la capacidad técnica de los órganos estatales que manejan los recursos del sector.

El segundo problema es el fracaso de la “paz total” y el deterioro de la seguridad. Hay debilitamiento de las Fuerzas Militares, inadecuado despliegue territorial, crisis del sistema de inteligencia e incapacidad de controlar el crecimiento de los cultivos de coca y de la minería ilegal. Se suman, en materia internacional, el deterioro de las relaciones con Estados Unidos, lo cual exige reparar la cooperación estratégica con ese país.

En lo económico, el próximo gobierno heredará un enorme déficit fiscal y la deuda pública más alta de la historia. A su vez, el país debe enfrentar las enormes desigualdades, tanto sociales como regionales. Las desigualdades regionales deben ser objeto de una adecuada ley de competencias de los distintos niveles de gobierno. Un reto esencial es el desarrollo rural, que debe ser apoyado con una buena política agropecuaria, especialmente para los pequeños agricultores, y el acceso equitativo a la tierra.

A esta agenda se unen otros temas esenciales. Debe haber un apoyo firme a la fortaleza del Estado del derecho, la independencia judicial, la separación de poderes y combatir el asesinato de líderes sociales. En estos y otros campos, se necesita fortalecer una administración pública que garantice que los cargos sean provistos con criterios de mérito.

En materia social hay avances en cobertura educativa, pero con problemas de calidad. Para combatir la desigualdad, es esencial garantizar las trayectorias educativas completas para estudiantes de bajos ingresos. Es necesario reconocer la cultura como un derecho, con una visión que reconozca la diversidad de identidades.

En materia de empleo, hay que combatir los altos niveles de informalidad laboral. Esto implica que la transformación productiva y la política social son complementarias. Exige el apoyo a las pequeñas empresas y a los trabajadores individuales de bajos ingresos, así como a los sectores productivos de las regiones rezagadas.

Hay avances en la regulación ambiental, pero se requiere alinear de manera contundente a los sectores económicos a lo ambiental. Y se deben enfrentar los problemas asociados a la deforestación, la degradación de los ecosistemas y el mal manejo de las basuras.

Finalmente, la política de ciencia, tecnología e innovación debe estar en el centro de la política pública y garantizar que el país acceda a la revolución tecnológica en curso. Aparte del desarrollo de nuevos sectores, el desarrollo productivo debe apoyar ramas tradicionales que generan alto empleo, un cambio en la estructura exportadora y garantizar buenas relaciones público-privadas para reactivar la inversión.

JOSÉ ANTONIO OCAMPO

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