Estados Unidos se encuentra celebrando 250 años de su declaración de independencia en medio de una de las más severas crisis de su historia. Es una crisis con dimensiones que abarcan sus trayectorias republicanas y democráticas, y hasta la identidad nacional.

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En un ensayo reciente, Adam Shatz examinó con lucidez los sentimientos encontrados frente a retratos de la nacionalidad estadounidense en distintas fases históricas, cuando los orgullos quedan sobrecogidos por la vergüenza (London Review of Books, 2/2026). Su lectura me recordó el anterior ejercicio de Richard Rorty, en el que el filósofo norteamericano invitaba a sus compatriotas a reimaginar la nación para superar las heridas de Vietnam (Achieving Our Country, 1988).

Ambos nos permiten apreciar la extraordinaria complejidad de lo que representan los Estados Unidos, en su propia historia y en la del mundo, desde su independencia. No todo debe juzgarse por los sucesos del presente.

La Declaración de Independencia de los Estados Unidos fue un documento de extraordinarias repercusiones internacionales, como bien lo muestra David Hermitage (The Declaration of Independence. A Global History, 2007).

Sus noticias no tardaron en llegar a Hispanoamérica, a pesar de las restricciones coloniales. En la Nueva Granada estaban en los “labios de todo el mundo” en 1781: así lo reportaban con exageración las autoridades del virreinato alarmadas por los eventos de la revolución de los comuneros. A partir de 1810, sin Inquisición y con el auge de la libertad de prensa, los documentos sobre la ya entonces bien establecida república norteamericana circularon prolíficamente entre nosotros.

La Declaración de Independencia de los Estados Unidos fue un documento de extraordinarias repercusiones internacionales.

La publicación de mayor alcance fue tal vez un libro editado por el venezolano Manuel García de Sena, La independencia de Costa Firme justificada por Thomas Paine treinta años ha (Filadelfia, 1811), que, además de textos de Paine, incluía la Constitución de Estados Unidos y las constituciones de algunos de sus estados: Massachusetts, Pennsylvania, Connecticut, New Jersey y Virginia.

Los legisladores neogranadinos se basaron en estos textos al redactar sus propias constituciones en Antioquia, Cartagena o Popayán. Ese fue también el caso explícito de Manuel de Pombo, quien en 1811 publicó sus traducciones de documentos estadounidenses casi al tiempo que se firmara el Acta de Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada en 1811, que Pombo ayudó a redactar.

Una década después, el ecuatoriano Vicente Rocafuerte emulaba el ejercicio de García de Sena, en una compilación de textos de Paine y documentos relacionados con la independencia estadounidense, al lado de la Constitución de Cúcuta y un Ensayo político suyo que le sirvió de título al libro (1821). Rocafuerte hermanaba los textos constitucionales de las repúblicas del norte y del sur, y sugería que ambas pertenecían a un mismo sistema que sugería bautizar con un nombre común: “el sistema colombiano”.

La noción de que estas repúblicas compartían algo en común, superior a las constituciones de Cádiz y las francesas, fue despreciada desde el comienzo por los mismos contemporáneos de Rocafuerte, por lo general “conservadores” de tendencias bolivarianas y centralistas, quienes acusaron a sus opositores federalistas de copiar instituciones foráneas.

Que hubo copias, nadie niega. Rocafuerte aclaraba que no eran meras imitaciones, pues nuestra Constitución se había ajustado a nuestras circunstancias. Los ajustes no eran menores. Un mejor entendimiento de aquellos constitucionalismos tempranos, comparados con los de la primera república americana, serviría para reforzar nuestra trayectoria constitucional.

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