Durante los últimos dos años, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se ha situado en el centro de una controversia política de primer orden. No por una causa concreta, sino por un patrón que distintos actores - defensas, fiscales, medios y responsables políticos - describen como un celo extraordinario cuando las investigaciones rozan al entorno del Gobierno y, en paralelo, una llamativa lentitud o acotación excesiva en causas que afectan al Partido Popular o a figuras de su órbita. El caso Montoro y la constatación por parte de Anticorrupción de que la UCO dispuso de dos años y sólo investigó 10 de las 200 cuentas corrientes de la trama sin detectar el gigantesco fraude que hoy la Fiscalía tiene sobre la mesa da la razón a quienes piden una investigación inmediata de lo que califican de “UCO patriótica” bajo el mandato del Teniente Coronel Balas.

No se trata de una acusación penal cerrada - no la hay -, sino de una acumulación de indicios que alimentan la idea de una “UCO patriótica”, por analogía con la conocida policía patriótica que operó en etapas anteriores del PP bajo la dirección, presuntamente, del ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con fines políticos y que acabó judicializada. Aquí el debate no es si la UCO “inventa” delitos, sino si selecciona, acelera, dilata o interpreta con un sesgo sistemático según a quién afecte la investigación.

Celo máximo contra el entorno del Gobierno

El caso Koldo/Ábalos es paradigmático. La UCO ha desplegado una actividad intensiva: informes reiterados, ampliaciones, filtraciones a medios y una exposición........

© El Plural