Opinión | En clave europea

Analista sobre la UE y la OTAN

La UE, en emergencia permanente

Edificio sede de la Comisión Europea en Bruselas. / NICOLAS TUCAT

La Unión Europea (UE) funciona desde hace demasiados años en modo de emergencia permanente, con una política reactiva de ir apagando con retraso los incendios a medida que se suceden las crisis y sustituyendo con declaraciones voluntaristas la ausencia de una estrategia a largo plazo, coherente, estructurada, compartida por sus 27 estados miembros y, sobre todo, dotada con los medios adecuados para alcanzar los objetivos. La cumbre europea de este 19 de marzo en Bruselas en un nuevo ejemplo de ello.

Veinte días después del inicio de la guerra en Irán y la nueva crisis energética, la Comisión Europea aún no ha presentado una propuesta concreta para contener los precios energéticos y evitar un empobrecimiento adicional de los hogares y otro mazazo al sistema económico y productivo de la UE. El Banco Central Europea (BCE) acaba de revisar a la baja la previsión de crecimiento económico para la eurozona al 0,9% en 2026, 0,3 puntos porcentuales menos de lo previsto hace tres meses.

En lugar de un plan elaborado y aplicable de inmediato, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se limitó a repetir en la cumbre que presentará medidas temporales y focalizadas para mitigar el disparo del precio de la electricidad y los carburantes. Sin esperar, los Veintisiete ya han comenzado a adoptar medidas, como España e Italia, entre otros.

Vaivenes de Von der Leyen

Los recientes vaivenes ideológicos de Von der Leyen, extralimitándose en sus poderes y alienándose con el presidente norteamericano, sobre si la UE debe o no seguir siendo guardiana del multilateralismo y del derecho internacional, parecen haberla distraído de la prioridad más urgente del impacto del disparo del precio de la energía en los ciudadanos, las empresas y la economía.

El Consejo Europeo ha exigido a Von der Leyen que presente de forma urgente y sin más dilación medidas concretas para contener el precio de los carburantes y de la electricidad. Los Veintisiete también han reclamado a Von der Leyen que presente una revisión del mercado europeo de emisiones de CO2 para reducir su volatilidad y dejar de encarecer aún más el precio de la luz. El Consejo Europeo ha pedido además un ambicioso paquete para construir las infraestructuras energéticas necesarias y resolver los déficits que ahogan la transición energética, en especial en redes eléctricas y sistemas de acumulación de electricidad. 

Desde que la UE decidió renunciar al barato gas ruso a raíz de la guerra en Ucrania se hizo patente la disfuncionalidad del sistema europeo de precios mayorista de la luz, donde la unidad más cara de generación necesaria para cubrir la demanda (el gas) fija el precio de la luz en el segmento horario, aunque su aportación sea marginal.

Cinco años después, el gas sigue multiplicando artíficialmente el precio de la luz para hogares e industrias, sin que se aborde una reforma a fondo, lo que ha hundido la competitividad de la UE frente a EEUU y China. La UE tampoco parece dispuesta a reformar el mercado de gas de referencia europeo, el TTF holandés, muy especulativo, sin supervisión efectiva y nula transparencia.

El precio del gas en el mercado europeo TTF se ha encarecido un 92% en los últimos 30 días y un 42% respecto hace un año con datos del 20 de marzo, mientras que en Estados Unidos el precio del gas ha subido un mero 5% en los últimos 30 días y es 23% más barato que hace un año en su mercado de referencia Henry Hub.

Las medidas fiscales que están adoptando los estados para frenar los precios energéticos implican una pérdida de recaudación, un mayor déficit y deuda y menos fondos para inversiones y gasto social. Esa falta de reformas multiplica los beneficios de las empresas energéticas, como reflejan sus cotizaciones bursátiles desde el inicio de la guerra en Irán.

En gas y petróleo, la UE depende totalmente del exterior, por lo que debería haber acelerado al máximo la instalación de energías solares y eólicas para reforzar su independencia y abaratar precios. Si se hubiera promovido la creación de empresas públicas regionales eléctricas con fondos adecuados para instalar masivamente placas fotovoltaicas y acumuladores de energía en zonas urbanas e industriales y comercializar esa energía, ahora la dependencia del gas sería mucho menor y los precios más baratos. Pero primó la fe ciega en que el mercado lo resuelve todo y la instalación de placas solares en las ciudades ha quedado frenada por el alto coste y los complicados trámites que se exige al ciudadano para hacerlo.

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