Los aspavientos del affaire “Cerimedo – Beller”, han logrado que dos eventos relacionados con el quehacer autonómico pasen inadvertidos, no solo en el ámbito nacional, sino inclusive en el regional, en el que por razones obvias deberían concitar un interés superlativo.

El primero se refiere a la reunión de técnicos de ocho gobernaciones en la ciudad de Tarija, realizada con el propósito de desarrollar instrumentos concretos, para mejorar la capacidad financiera de las mismas. El segundo, al cumplimiento del ritual establecido, pero no menos importante por ello, mediante el cual la Asamblea Legislativa Departamental, aprueba del POA de la gobernación, para luego remitirlo al Ministerio de Finanzas, a fin de que sea aprobado e incorporado al sistema de planificación del Estado.

Puede parecer increíble, pero es real: las entidades subnacionales con menos recursos (en términos genéricos) del país, están obligadas cubrir varias competencias que de acuerdo a la norma corresponden al nivel nacional, pero además se les aplica descuentos en sus ahora paupérrimas fuentes de ingresos (la ley 767 que dispone la retención del 12% del IDH en función a un fondo de exploración hidrocarburifera que nunca se........

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