En Villa Montes, ciudad de la frontera chaqueña, la Red de lucha contra la violencia, batalla desde hace dos años para que tres casos de violación a niñas disfrazados de estupro no queden en la impunidad. Estás sentencias que declaran estupro favorecen a los violadores de las niñas que viven con una madre que es madre y padre a la vez, las que están en el último confín de la frontera, las que a su más corta edad tienen que salir a la calle a vender empanadas.

Esa es la Bolivia en la que desde la comunidad más alejada una niña habla, desde el extremo de la frontera una comunidad se moviliza, desde la soledad y la mayor invisibilidad un grupo de mujeres buscan justicia y buscan devolver la dignidad a las víctimas de la violación.

En este lugar de impunidad las mujeres del Chaco y las fronteras están haciendo una revolución buscando una nueva justicia para las niñas. Ese país nunca es nombrado.

Por eso la ley Brisa (PL N.º 010) propone la eliminación de la figura del estupro y lo incluye en el delito de violación de infante, niño, niña o adolescente, protegiendo a las víctimas hasta los 18 años. La figura jurídica del estupro ha sido utilizada históricamente para encubrir delitos de violación. El estupro no es abuso, no es amor. Es violación y poder sobre alguien que no puede defenderse

La ley Brisa promueve además la imprescriptibilidad de los delitos sexuales que responde directamente a la realidad de la periferia boliviana. En lugares de frontera, comunidades rurales e indígenas alejadas donde las instituciones de denuncia pueden estar a horas de viaje y donde las barreras lingüísticas persisten, el tiempo para denunciar no debe ser un enemigo. Una víctima en la frontera puede tardar años en encontrar las condiciones de seguridad necesarias para relatar su vivencia; la ley debe garantizar que cuando lo haga, el sistema esté preparado para actuar, sin importar el tiempo transcurrido.

La Ley Brisa también formula la incorporación del tipo penal de violación incestuosa, figura legal que se aplica exclusivamente cuando las víctimas son infantes, niños, niñas y adolescentes. Nombrar este delito específicamente permite desnaturalizar agresiones que hoy se amparan en el silencio del hogar.

¿Por qué es importante nombrar?, ¿Por qué es importante romper el silencio? porque mientras haya silencio, habrá violencia sexual y habrá impunidad.

La Ley Brisa propone también adecuar la legislación penal para que la falta de consentimiento sea el eje central del delito de violación. Bajo esta nueva ética, el consentimiento se define como la aceptación libre, voluntaria, expresa y previa de participar en actos de naturaleza sexual. Esto implica que la voluntad debe ser clara y puede ser revocada en cualquier momento. Por ello, la norma es enfática al establecer que el consentimiento no podrá inferirse del silencio, de la falta de resistencia, de la vestimenta, ni de la existencia de una relación afectiva o de poder que condicione la decisión de la víctima.

Para el caso de infantes, niñas, niños y adolescentes, la ley es tajante: para la configuración del delito, su consentimiento es totalmente irrelevante. Esta distinción es fundamental porque garantiza una protección absoluta, eliminando cualquier intento de los agresores por justificar el abuso mediante supuestas voluntades de los menores. Así, el Estado reconoce que en la niñez no existe la capacidad legal ni la autonomía para "consentir" actos de esta naturaleza, cerrando la puerta a la impunidad.

En estos días resuenan voces que se oponen al proyecto de Ley Brisa en nombre de la unidad familiar. Sin embargo, cuando los titulares de prensa informan que una niña de 10 años de edad fue violada por su padre de 32, o que una menor de 16 años fue abusada sexualmente por su padrastro de 40, cabe preguntarse: ¿Es esa la familia que defienden?, ¿Defienden a la familia o defienden al agresor que vive en ella?

Familia es el lugar en donde hay protección a los más indefensos. La ley no destruye familias, son el silencio y el abuso los que destrozan a las familias. Y en ese sentido, el reconocimiento de los derechos humanos no es una ideología, es un mandato de justicia y dignidad. Ideología es pretender imponer dogmas privados por encima de las garantías legales.  

La Fiscalía General del Estado registró en 2025 aproximadamente 6,860 denuncias vinculadas a delitos contra la libertad sexual de niñas, niños y adolescentes (incluyendo violación, abuso sexual y violación de infante). Eso significa que, en promedio, cada día 19 menores son víctimas de violencia sexual en Bolivia.

Hay que transformar este abismo en un lugar vivible para las niñas y niños. La Cámara de Diputados tiene la palabra.

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