La gubernamentalidad es un concepto acuñado por Michel Foucault que, entre muchas otras perspectivas, permite pensar que todo ejercicio de poder tiene como elemento de fondo un conjunto de racionalidades propias de cada gobierno: ideas, lógicas y conceptos que organizan su acción. Son estas racionalidades las que articulan reglas, sentidos y prioridades; las que terminan por determinar qué es lo legítimo y qué no, qué actores son incluidos y cuáles son desplazados del campo práctico del ejercicio político.

A 128 días de mandato, el actual gobierno ya permite realizar un mapeo crítico de sus procesos de articulación y exclusión, nacidos precisamente de esas racionalidades que empiezan a definir lo que se hace, lo que no se hace y, sobre todo, con quiénes se decide hacerlo.

Un primer punto de partida para caracterizar esta racionalidad puede encontrarse en la gestión de los contrapesos políticos. El deslinde, la constante exclusión y el debilitamiento del ahora vicepresidente Edman Lara por parte del actual presidente significó, en un momento inicial, la ruptura de un acuerdo tácito con un “sector popular”, el mismo que resultó decisivo para la conquista electoral. Sector que en periodo electoral se demostró receptivo e identitario con las causas representadas por dicho vicepresidente, por lo que su desplazamiento estratégico, comunica una señal política de fondo.

A la par, y en una intención estratégica de contrapeso, se afianza un proceso de relacionamiento internacional sostenido en la lógica de “abrir Bolivia al mundo”: giras, visitas, cumbres y encuentros destinados a establecer nuevas alianzas, respaldos y acuerdos de cooperación. Esta dimensión no aparece como un complemento secundario, sino como parte constitutiva de una nueva forma de ejercicio gubernamental.

Empezamos a detectar una figura política no vista con esta claridad en los últimos veinte años: un modelo de ejercicio gubernamental anclado en una racionalidad verticalista, sostenido en la legalidad formal, en la centralización de las decisiones y en la escasa o nula existencia de diálogo horizontal entre actores capaces de producir consenso y articulación con los sectores sociales de corte popular. Al mismo tiempo, se consolida una red de respaldo internacional que acompaña, y a la vez legitima, la ejecución de medidas de paulatina apertura económica, en un mutuo estado de acuerdo y consonancia con determinadas políticas de convenio.

Este modelo gubernamental, basado en la gestión de nuevas racionalidades, presenta una cantidad importante de retos a largo plazo. Por un lado, encuentra márgenes de permisibilidad en sectores sociales, dispersos y en evidente crisis de articulación, a raíz de la implosión del MAS y el vacío de liderazgos o fuerzas representativas capaces de constituirse en una alternativa sólida. Por otro, se fortalece en su articulación con bloques económicos y respaldos externos que empiezan a configurar y fortalecer estructuras alrededor del poder.

En ese sentido, muchos de estos elementos constituyen una figura gubernamental dirigida a el ejercicio del poder coercitivo mediante mecanismos estatales de orden y regulación, amparados bajo una figura de “legalidad” o el “derecho otorgando legitimidad a la política”. Un signo temprano puede encontrarse en la reciente costumbre de empezar a gobernar solo con decretos.

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