Cuando la Gestora Pública reveló el 17 de marzo que su inversión en BlackRock correspondía al iShares Core S&P 500 ETF —el fondo que replica las 500 empresas más grandes de Estados Unidos—, quedó al descubierto que el ahorro de los trabajadores bolivianos financia el desarrollo de las empresas más grandes del mundo, mientras las empresas bolivianas de capital nacional se financian a tasas reales negativas o no acceden al mercado de capitales en absoluto.

Si Bolivia puede comprar una fracción de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos mediante un instrumento cotizado, transparente y negociable, ¿por qué los bolivianos no pueden comprar una fracción de las mejores empresas de capital boliviano de la misma manera? No existen razones técnicas de fondo que lo impidan. Existen razones políticas, históricas y de inercia institucional. Y existe, sobre todo, la ausencia de voluntad de crear el instrumento.

El precedente en Sudamérica

En 2025, Perú lanzó el ETFPERUD, el primer fondo bursátil completamente peruano listado en la Bolsa de Valores de Lima, creado en asociación con VanEck y El Dorado Asset Management. El instrumento replica el índice S&P/BVL Select, compuesto por las principales empresas que cotizan en la bolsa local. Cualquier inversor —institucional o individual— puede comprar y vender cuotas en tiempo real. Colombia tiene el Global X TES Colombia ETF de bonos soberanos en pesos. Brasil tiene su propio ETF de renta fija impulsado desde el Tesoro Nacional. El Banco Mundial mantiene activo el programa ID ETF —Issuer-Driven Exchange-Traded Fund— diseñado específicamente para ayudar a países emergentes a construir exactamente este tipo de instrumentos.

Bolivia tiene una bolsa de valores operativa desde 1989, más de 200 empresas emisoras, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión con experiencia en gestión de activos y el mayor fondo previsional de su historia con cerca de 30.000 millones de dólares que la Ley Nº 065 obliga a invertir en empresas productivas. Todo el andamiaje necesario existe. Lo que no existe es el instrumento que los conecte.

El capital debe ser boliviano

Antes de listar qué empresas integrarían un fondo bursátil boliviano, hay que establecer el criterio más importante: solo empresas que verifiquen mayoría de capital de propietarios bolivianos. El argumento no es chauvinismo económico; es coherencia con el mandato constitucional y legal. Si el propósito es que el ahorro de los trabajadores bolivianos financie el desarrollo de su propio país, los dividendos, utilidades y plusvalías generadas deben circular en la economía nacional, no ser repatriadas a matrices en Curaçao, Perú o Bermuda.

Ese criterio elimina del universo de candidatos a varias empresas que aparecen habitualmente en los registros de la Bolsa Boliviana de Valores. COBEE —la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica— tiene como única accionista a Inkia Holdings (COBEE) Limited, una sociedad offshore con sede en Bermuda. Telecel Bolivia es 100% capital extranjero: Millicom International IV NV, domiciliada en Curaçao, posee el 50,99% y Millicom International Enterprises AB, de Suecia, el 49,01%. SOBOCE está controlada por el Grupo Gloria peruano, a través de una cadena de sociedades que culmina en Yura Inversiones Bolivia S.A. Estas empresas operan en Bolivia, no traen inversión extranjera de sus países de origen ni de otros, utilizaron —y aún ocurre— energía y combustibles subsidiados, y se financian con el ahorro de los trabajadores bolivianos; algunas incluso han prestado esos recursos a sus casas matrices. Generan empleo y emiten valores en la BBV, pero sus utilidades fluyen al exterior. No son candidatas para un fondo bursátil que pretenda ser soberano.

El Fondo Bursátil Bolivia FBB-14

Con el filtro de capital boliviano aplicado, el universo se reduce y se depura. El resultado es un índice más compacto —denominable Índice BBV-14— pero más coherente, integrado por 14 empresas cuya propiedad mayoritaria está en manos bolivianas, ya sea privadas o públicas:

En el sector financiero: el Banco Nacional de Bolivia, controlado en un 67,6% por la familia Bedoya Ballivián; el Banco Mercantil Santa Cruz, cuyo capital está en manos de sociedades bolivianas de inversión —Ovendal, Los Álamos, Easton y Zubat—; el Banco Ganadero, controlado por la familia Monasterio; y el Banco BISA, del Grupo BISA boliviano.

En el sector industrial: Las Lomas Import Export S.A., la primera y única siderúrgica boliviana, de composición accionaria 100% nacional y calificación A1 en el mercado local; FANCESA —Fábrica Nacional de Cemento—, cuya estructura combina capital del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca con accionistas privados bolivianos; Plastiforte, fabricante de tubería y materiales de construcción con capital boliviano.

En el sector agroindustrial: Industrias de Aceite S.A., Industrias Oleaginosas S.A. y Gravetal Bolivia S.A. —vinculada a la familia Valdivia—, todas con producción orientada al mercado interno y a la exportación, con estados financieros auditados y calificación en el mercado de valores.

En el sector eléctrico estatal: ENDE Transmisión S.A. y Distribución Eléctrica La Paz (DELAPAZ), empresas públicas con flujos de caja regulados y predecibles. Su inclusión tiene precedente en índices de mercados emergentes, donde las empresas estatales con cotización bursátil forman parte habitual de los benchmarks nacionales.

Completan el universo Toyosa S.A., importadora de vehículos con capital boliviano y trayectoria de emisión en la BBV, y Jalasoft, empresa de tecnología de la información, la única firma del sector TI del país con presencia en el mercado de capitales. Una versión ampliada del índice podría considerar también a YPFB Corporación y sus subsidiarias: empresa estatal, capital 100% boliviano, flujos de caja documentados y activos productivos reales.

Estas empresas ya emiten bonos en el mercado de valores boliviano. Ya están reguladas por la ASFI. Ya tienen estados financieros públicos y auditados. No son hipótesis; son realidades económicas que hoy se financian a un costo mayor del que tendrían si contaran con un instrumento de inversión colectiva que concentrara la demanda.

La Bolsa Boliviana de Valores construye el Índice BBV-14 con metodología pública y rebalanceo semestral. Una SAFI autorizada por la ASFI administra un fondo que lo replica, emitiendo cuotas negociables en tiempo real. La Gestora Pública puede ser el inversor ancla, cumpliendo así el mandato del artículo 140.III de la Ley Nº 065. El instrumento queda abierto también a inversores individuales e institucionales desde montos mínimos accesibles.

El marco legal boliviano lo permite con ajustes menores. La Ley del Mercado de Valores contempla valores de participación en fondos de inversión. Lo que requiere es que la ASFI emita una reglamentación específica para fondos bursátiles —equivalente a la que Perú implementó con su SMV en 2024— y que la BBV desarrolle la metodología del índice. El programa ID ETF del Banco Mundial está disponible para asistencia técnica.

El mercado de valores no puede ser una extensión de la banca

Hay una condición estructural que cualquier reforma del mercado de valores boliviano debe abordar antes que cualquier otra: las Agencias de Bolsa, las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, las Sociedades de Titularización y las calificadoras de riesgo que operan en Bolivia no pueden ser —efectiva y demostrablemente— controladas por bancos ni tener a bancos entre sus socios determinantes.

En los últimos veinte años, el mercado bursátil boliviano ha funcionado, en la práctica, como un canal de financiamiento para los bancos y para el Tesoro General de la Nación. Los bancos son los principales emisores de depósitos a plazo fijo y bonos bancarios que absorbe el SIP. Los bonos del TGN representan otro tercio de la cartera. Las agencias que intermedian esas operaciones, y las SAFIs que administran fondos con esos mismos instrumentos, tienen en muchos casos vínculos societarios directos con las entidades bancarias cuya deuda colocan. El resultado es un mercado que gira sobre sí mismo: la Gestora compra lo que los bancos emiten, las agencias cobran comisión por la intermediación, y las empresas productivas bolivianas de capital nacional quedan fuera del circuito.

Para que el FBB-14 funcione como instrumento soberano y no como una variante más del mismo esquema, la independencia de los intermediarios respecto a la banca es la condición de posibilidad del instrumento. Un mercado de valores capturado por los mismos intereses que dominan la cartera del SIP no puede ser el vehículo para diversificarla.

Meta mínima: cinco empresas nuevas por año

Las Agencias de Bolsa y las SAFIs deben tener metas reglamentarias de incorporación de empresas productivas bolivianas de capital nacional al mercado de valores. Una meta mínima razonable es cinco nuevas empresas por año, por agencia. No es una cifra arbitraria; es el ritmo mínimo necesario para que el mercado empiece a reflejar la economía real del país en un plazo razonable.

Incorporar una empresa al mercado de valores no es solo registrarla. Es un proceso que incluye educación financiera para sus dueños y directivos, asesoría en gobierno corporativo, preparación de estados financieros auditados y estructuración de la emisión. Es trabajo de campo, no de escritorio. Las agencias han generado ingresos sólidos durante décadas colocando títulos de bancos —muchos con capitales extranjeros con representación boliviana— y títulos del Tesoro, sin necesidad de salir a buscar nuevos emisores. El costo de esa comodidad es un mercado pequeño, concentrado y ajeno a la mayoría de las empresas productivas del país.

La exigencia de metas de incorporación invierte el incentivo. Si las agencias deben traer nuevos emisores productivos para mantener su autorización de funcionamiento, el mercado crece hacia donde debe crecer. Si no se les exige, seguirán colocando deuda bancaria y soberana, cobrando su comisión y llamando a eso “desarrollo del mercado de capitales”.

El rendimiento no será el del S&P 500

El IVV ha rendido históricamente entre el 10% y el 12% anual en dólares. Un fondo anclado en empresas bolivianas, denominado en bolivianos, no competirá con eso en términos nominales. El SIP actualmente rinde el 4,5% nominal mientras la inflación llega al 17,4%. Ese es el estándar real contra el que se debe comparar el FBB-14, no el S&P 500.

Los bonos de Las Lomas, con calificación A1, ofrecen rendimientos documentados superiores a los depósitos a plazo fijo bancarios. Las empresas eléctricas reguladas tienen flujos de caja estables. Los bancos de capital boliviano tienen trayectoria de pago ininterrumpida. Un índice bien construido, con criterios técnicos y sin interferencia política, podría ofrecer rendimientos reales positivos en bolivianos. Y, a diferencia de los bonos del TGN a 29 años sin ajuste cambiario, financiaría actividad económica real: acero, cemento, energía, aceite, tecnología.

El fondo previsional boliviano tiene hoy el 0,010% de su cartera en un ETF que financia a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. No hay ningún motivo constitucional, legal, técnico ni ético que justifique que ese porcentaje no pueda estar, en mayor proporción, en las mejores empresas de capital boliviano, incluyendo YPFB Corporación y subsidiarias.

Una idea que ya existía

La propuesta no es nueva en Bolivia. Lo nuevo es que nadie la haya llevado hasta el final.

En 2016, la propia Bolsa Boliviana de Valores, en alianza con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, presentó al Ministerio de Economía la propuesta del FICADES —Fondo de Inversión de Capital de Desarrollo—, un instrumento diseñado para canalizar el ahorro institucional hacia el capital accionario de pequeñas y medianas empresas bolivianas constituidas como sociedades anónimas o de responsabilidad limitada. El FICADES requería modificaciones al Código de Comercio, a la Ley de Pensiones y a la Ley del Mercado de Valores, más incentivos fiscales para su constitución. La propuesta fue presentada. Nunca fue reglamentada.

En el plano académico, Jairo Beymar Céspedes López, de la Universidad Católica Boliviana, publicó en 2017 en la Revista Perspectivas una propuesta de Índice del Mercado Bursátil —el IMB—, modelado sobre el MERVAL argentino, el IPSA chileno y el S&P/BVL Select peruano, y diseñado específicamente para las condiciones del mercado boliviano. El mismo autor publicó una continuación en 2024. En ningún momento la BBV ni la ASFI adoptaron esa metodología.

La BBV sí construyó su propio Índice de Renta Fija —el IRFBBV—, que las SAFIs usan como benchmark interno para medir el rendimiento de sus fondos de inversión abiertos. Es el esqueleto del instrumento que hace falta: existe la metodología, existe el órgano que puede administrarla, existe el mercado de renta fija que lo alimentaría. Lo que no existe es la decisión de convertirlo en un producto público, cotizado, accesible y vinculado al mandato previsional.

Tres intentos en diez años —uno institucional, uno académico, uno técnico— con el mismo resultado: la gaveta. El FBB-14 es el cuarto. La diferencia es que ahora existe un precedente latinoamericano operativo, un marco legal más maduro, un fondo previsional que la ley obliga a invertir en empresas productivas y que claramente no lo hace, y una pregunta pública que ya no puede ignorarse: ¿en qué exactamente está el ahorro de los bolivianos?

El artículo 140 de la Ley Nº 065 obliga a la Gestora a priorizar el financiamiento de empresas productivas nacionales. Ese mandato lleva quince años incumpliéndose no porque sea imposible, sino porque no se construyó el instrumento que lo hubiera hecho posible. El FBB-14 es la herramienta que la ley ya exige y que la burocracia no creó.

La propuesta comienza con la discusión sobre por qué Bolivia aún no tiene un instrumento soberano, transparente y cotizado que permita que el ahorro de los trabajadores financie el desarrollo de su propio país, en manos de dueños bolivianos. Y sobre quién es responsable de que ese instrumento no exista, así como no existe desde hace más de quince años el Directorio de la entidad que gestiona los fondos de los trabajadores bolivianos.

Fondo Bursátil Bolivia — FBB-14

Índice BBV-14: 14 empresas de capital boliviano mayoritario, calificación A1 o superior, cotizadas en la BBV

Propiedad mayoritaria de personas físicas o jurídicas bolivianas; excluye empresas con control extranjero

Fondo de inversión bursátil (cuotas cotizadas), administrado por SAFI autorizada por ASFI

Bolivianos (Bs), con opción de tramo en UFV para protección inflacionaria

En tiempo real a través de la Bolsa Boliviana de Valores (BBV)

Rebalanceo del índice

Semestral, con criterios públicos y metodología publicada por la BBV

Inversor ancla sugerido

Gestora Pública del SIP (cumple mandato del art. 140.III, Ley Nº 065)

Apertura a inversores

Institucional y minorista; cuotas desde montos mínimos accesibles

0,25%–0,50% anual (referencia: ETFPERUD peruano, 0,25%)

Cartera publicada diariamente; metodología del índice pública y auditable

Programa ID ETF del Banco Mundial (disponible para países emergentes)

Marco legal necesario

Reglamentación ASFI para ‘fondos bursátiles’; metodología BBV-14; participante autorizado (agencia de bolsa)

Independencia respecto a la banca

Agencias de Bolsa, SAFIs, Sociedades de Titularización y calificadoras de riesgo no pueden ser controladas ni tener socios determinantes del sistema bancario

Meta de incorporación de emisores

Mínimo 5 nuevas empresas productivas bolivianas por año por agencia, como condición de renovación de autorización de funcionamiento

Diseño de referencia. Requiere reglamentación específica de la ASFI y metodología de índice elaborada por la BBV.

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