Probablemente los dos argumentos más serios contra la legalización o nacionalización de los autos chutos sean los siguientes. 1. Es injusto perdonar o premiar a los que no cumplieron la ley y castigar a los que sí lo hicieron. Los que compraron o trajeron chutos cometieron una ilegalidad y una nacionalización perdonaría ese mal comportamiento. Les entregaría un beneficio que no se entrega a los que hicieron el esfuerzo de pagar los impuestos y cumplieron la normativa. 2. Cambiar la ley y retroceder en su aplicación por presiones de aquellos que no la cumplieron compromete la seguridad jurídica, crea privilegios y manda una muy mala señal hacia el futuro.

Ambos argumentos suenan bastante razonables y ortodoxamente correctos. En mi opinión, sin embargo, son insuficientes y miopes. Veamos el primero.

Discriminar la aplicación de la ley nunca será bueno. Si algo es obligatorio para unos, debe ser obligatorio para todos. Perdonar a los que no la cumplieron pareciera, por lo tanto, injusto. En el caso de los autos chutos, sin embargo, esta conclusión olvida que la legislación fue la que causó el primer acto de injusticia y discriminación. La legislación tiene un pecado original.

Una legislación que obliga a pagar entre el 50 y el 70% del valor del vehículo en impuestos y además solo permite importar vehículos nuevos (los vehículos livianos importados solo pueden tener un año de antigüedad y los pesados tres) es discriminatoria y atentatoria contra los derechos naturales de los ciudadanos. Toda legislación debería ser diseñada para proteger la vida, la libertad y la propiedad privada de los ciudadanos, y esta, claramente, no lo hace. No somos Qatar o Abu Dhabi, ¿cómo se les ocurre a los políticos ordenar que la gente en Bolivia solo pueda importar autos nuevos y encima pagando un porcentaje tan majadero de impuestos? No tiene ningún sentido. Esta legislación es........

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