Bolivia tiene un problema de distribución que sus cifras macroeconómicas ocultan bien. El país crece, recauda, exporta. Pero la infraestructura que debería sustentar ese crecimiento no llega con la misma velocidad ni con la misma equidad a todos los territorios. Y el departamento que más produce es, paradójicamente, uno de los que más siente esa brecha.

El centralismo boliviano no es solo político. Es también presupuestario. Más del 80% del presupuesto nacional se concentra en el nivel central, dejando sin recursos suficientes a gobernaciones, municipios y universidades, lo que limita la respuesta a las necesidades regionales y consolida un poder político y económico vertical. En ese esquema, las gobernaciones departamentales operan con márgenes estrechos, dependientes de transferencias que el Estado central decide cuándo y cómo liberar.

Lo que revelan los números de inversión

En el primer semestre de 2025, la inversión pública boliviana registró una contracción generalizada del 23,4%. El gobierno central disminuyó su inversión en 24,4%, las entidades descentralizadas redujeron sus niveles en 34,9% y las empresas públicas nacionales en 16,4%. En ese contexto de contracción generalizada, las regiones que más dependen de la inversión pública para conectar su producción con los mercados son las más afectadas.

La administración departamental de Santa Cruz disminuyó su inversión en 77,4% respecto a junio de 2024, la caída más pronunciada entre todos los departamentos del país. Una gobernación que recorta tres cuartas partes de su inversión en un año es una gobernación que ha dejado de construir. Caminos sin mantenimiento, proyectos paralizados, provincias desconectadas.

El cuadro se completa con el análisis del presupuesto departamental de 2025. El presupuesto cruceño de Bs. 1.250 millones prioriza infraestructura vial con el 69% del gasto, mientras sectores clave como el agropecuario reciben apenas el 2%, la electrificación rural el 2%, y turismo y medio ambiente apenas el 0,4%. Una gobernación que destina menos del 5% de su presupuesto a los sectores que sostienen la economía provincial no está invirtiendo en el futuro. Está administrando el presente inmediato.

El costo concreto de la brecha

La falta de infraestructura tiene un precio que se puede calcular aunque nadie lo calcule oficialmente. Cada kilómetro de camino rural que se vuelve intransitable en época de lluvias es producción que no llega al mercado, costos de transporte que se duplican, perecibles que se pierden, ganado que no puede desplazarse. En 2024, la producción agrícola de Santa Cruz cayó 17,07%, golpeada por la sequía y la falta de diésel. Esa caída no fue solo climática: fue amplificada por caminos que no resistieron y por una logística rural que el Estado no ha modernizado.

El Índice Metropolitano de Libertad Económica 2026 identificó como principal explicación del bajo desempeño institucional boliviano el peso del modelo centralista, que genera un "techo nacional" donde las ciudades y regiones operan bajo las mismas reglas macroeconómicas, lo que limita su posibilidad de diferenciarse en términos de clima de inversión o dinamismo empresarial. Dicho en términos más directos: el centralismo no solo se lleva los recursos, también impide que las regiones construyan sus propias soluciones.

Dos niveles de responsabilidad

Sería injusto cargar todo el problema sobre la gobernación departamental. El centralismo boliviano opera en dos niveles que se refuerzan mutuamente.

El primer nivel es nacional: las decisiones sobre inversión en infraestructura fundamental — carreteras troncales, energía eléctrica, gasoductos — se toman en La Paz y responden a lógicas políticas que no siempre coinciden con las necesidades productivas del oriente boliviano. Santa Cruz puede reclamar, pero no decide.

El segundo nivel es departamental: dentro del margen de acción que la gobernación sí tiene, las prioridades presupuestarias revelan una lógica que concentra el gasto en la capital y en los corredores principales, dejando a las provincias del interior con la parte más delgada de una torta que ya de por sí es pequeña.

El nuevo gobernador que asuma el 19 de abril hereda ambos problemas. El primero requiere capacidad de negociación política con el Estado central. El segundo requiere voluntad de redistribuir dentro del propio departamento. Juan Pablo Velasco y Otto Ritter han prometido gestión eficiente. Lo que ninguno ha explicado con claridad es cómo van a romper la lógica de concentración que reproduce, desde adentro, el mismo centralismo que critican desde afuera.

Lo que Santa Cruz necesita del próximo gobernador

No se trata solo de construir más kilómetros de asfalto. Se trata de cambiar el criterio con que se decide qué se construye, dónde y para quién. Un departamento que genera el 34,3% del PIB nacional y el 80% de las agroexportaciones bolivianas no puede tener un presupuesto departamental donde el sector agropecuario recibe el 2% de la inversión. Esa desproporción no es un accidente contable. Es una decisión política que la próxima gobernación puede y debe revertir.

La infraestructura que no llega tiene un costo que Bolivia entera paga. Pero lo paga primero, y más caro, el productor que no puede sacar su cosecha, el ganadero que no puede mover su hato, la comunidad que sigue esperando luz eléctrica en un departamento que exporta más de dos mil millones de dólares al año.

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