El Decreto 173 de 2026 crea un nuevo impuesto al patrimonio a cargo de las personas jurídicas. Su tarifa es del 0,5%, salvo para el caso de las empresas extractoras de carbón y petróleo y de las entidades financieras, bursátiles y aseguradoras, a quienes se les asigna una carga del 1,6%.

Imponer gravámenes sucesivos a las empresas, que son quienes se encargan de la creación de riqueza, es una práctica que no hace sino generar incertidumbre, castigar el ahorro y coartar el crecimiento del país. La emergencia ocasionada por la ola invernal no justifica tomar más medida en contra de este sector. Al final, también las empresas también podrían terminar por ahogarse, no por razones meteorológicas, sino por la avalancha de normas que las asedian y que tienen, también para ellas, un carácter sobreviniente.

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