El Decreto 173 de 2026 crea un nuevo impuesto al patrimonio a cargo de las personas jurídicas. Su tarifa es del 0,5%, salvo para el caso de las empresas extractoras de carbón y petróleo y de las entidades financieras, bursátiles y aseguradoras, a quienes se les asigna una carga del 1,6%.

Imponer gravámenes sucesivos a las empresas, que son quienes se encargan de la creación de riqueza, es una práctica que no hace sino generar incertidumbre, castigar el ahorro y coartar el crecimiento del país. La emergencia ocasionada por la ola invernal no justifica tomar más medida en contra de este sector. Al final, también las empresas también podrían terminar por ahogarse, no por razones meteorológicas, sino por la avalancha de normas que las asedian y que tienen, también para ellas, un carácter sobreviniente.

Más aún cuando los recursos que buscan la mitigación de los desastres han sido materia del más desvergonzado destino, como bien lo sabe la opinión pública.

La imposición de una tarifa especial a cargo de empresas extractivas y de entidades financieras es una irracionalidad absoluta. No existe justificación alguna que autorice imponerles a unos sectores señalados a dedo unas obligaciones distintas y más gravosas. Otro ejemplo de los miles de decisiones que esta administración adopta sin que haya una razón de ser.

En el caso específico de las entidades financieras, la imposición de lastres caprichosos, tal como sucede con este gravamen, que supera en más de tres veces la que aplica de manera generalizada para los demás sujetos obligados, adicionalmente incrementa su riesgo sistémico.

No es un caso único. La imposición de la famosa sobretasa de renta del 5% (que el gobierno ha buscado elevar al 15% de todas las formas posibles), las amenazas de establecer inversiones forzosas, el proyecto de decreto que busca repatriar a las malas una buena parte de los recursos que los pensionados tienen ahorrados en el exterior y el que pretende sacarles a los fondos privados de pensiones 25 billones de pesos para pasárselos a Colpensiones son otros ejemplos relevantes.

Estas iniciativas no sólo son muestra del desprecio que el presidente siente hacia todas aquellas actividades relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, sino que se trata de medidas que erosionan la solidez del sistema financiero.

Es un muy mal proceder. El sistema financiero depende, como ninguno otro, de la confianza colectiva. Para su adecuado funcionamiento, es necesario que sus usuarios tengan la tranquilidad de que sus depósitos les serán devueltos, sus ahorros e inversiones estarán protegidas y que luego de una larga vida de cotizaciones, sus pensiones serán honradas. Cuando estos pilares desfallecen, el sistema implosiona y las economías sufren dolorosas consecuencias. Basta mencionar la crisis global que se desencadenó a partir de 2007 y la que vivimos en estas latitudes entre 1997 y 2000 para que hagamos memoria de lo que en esas situaciones realmente sucede.

El presidente se dedica a controvertir el servicio que presta, socavar su legitimidad y dificultar su funcionamiento. Conductas que parecerían encaminadas a debilitarlo, como si quisiera llevarlo a shu shu shu como el de la salud. En ambos casos, las consecuencias son deplorables.

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