En los últimos días, el Ministerio de Justicia ha vuelto al centro del debate por decisiones que afectan al Plan Nacional de Búsqueda.

Lo informado apunta a instrucciones a sus equipos jurídicos en causas donde el Estado actúa como querellante en la búsqueda de los responsables de la desaparición de personas detenidas desaparecidas y de ejecutados políticos cuyos cuerpos nunca fueron entregados durante la dictadura.

El Plan Nacional de Búsqueda constituye una política pública destinada a establecer la trayectoria de desaparición de las víctimas y a consolidar un archivo con la información judicial acumulada durante más de cincuenta años de búsqueda de verdad, justicia y memoria. Se trata de una tarea titánica que llegó tardíamente, pero que resulta fundamental para asegurar un verdadero “nunca más”.

No es simplemente un programa de memoria ni una medida orientada únicamente a otorgar tranquilidad a los familiares; busca, en cambio, remediar una de las tragedias más profundas de la historia reciente de Chile: la tortura y la desaparición forzada de personas.

Las autoridades de la Subsecretaría de Derechos Humanos y el ministro de Justicia han reiterado públicamente que el Plan continuará. Sin embargo, los hechos y las señales recientes parecen revelar una voluntad política distinta, lo que no........

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