El verdadero desafío de un Estado moderno no es que los grandes arbitren rápido, sino ofrecer a todos sus ciudadanos una justicia civil eficiente, técnicamente sólida y oportuna. No es tolerable que la justicia rápida sea un privilegio que se compra.

Pocos litigios privados han despertado en Chile tanto interés público como la disputa entre el grupo chino Joyvio y los antiguos controladores de Australis Seafoods.

Razones sobran: una compraventa de acciones por más de 900 millones de dólares, la acusación de haber ocultado al comprador una sobreproducción de salmones que inflaba el valor de la empresa, informes periciales enfrentados sobre cuánto valía realmente la compañía, pretensiones que sumadas rozaban los mil millones y un elenco de abogados musculoso e hiperbólico.

Un conflicto, en suma, de enorme complejidad jurídica, económica y probatoria, seguido en tiempo real por la prensa.

El desenlace estuvo a la altura de la expectación. El tribunal arbitral descartó el dolo y rechazó resolver el contrato, sin embargo, ordenó restituir unos 217 millones de dólares —cerca de 300 con intereses— por una vía que los vendedores estimaron jamás pedida ni debatida.

Sobrevino entonces lo inédito: la Corte de Apelaciones de Santiago anuló íntegramente el laudo, primera vez que ello ocurre bajo la Ley de Arbitraje Comercial Internacional. En el intertanto, el caso alcanzó tal exposición que dos eminencias del arbitraje mundial, Yves Derains y José María Alonso —convocadas, es verdad, por la parte vencida en el laudo—, dictaminaron públicamente que la sentencia arbitral no sobreviviría al escrutinio de casi ninguna jurisdicción del planeta.

Pocas veces un pleito entre privados ha sido diseccionado con tanto entusiasmo; pocas veces unos demandantes han visto evaporarse 300 millones en 37 páginas.

Pero........

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