En campamentos, ferias y trabajo doméstico por día, familias chilenas y migrantes terminan compitiendo por el mismo empleo precario y el mismo cupo en una escuela o un consultorio saturado. Es una tensión entre pobres, no entre pobres y ricos.

Durante las últimas décadas, buena parte de los partidos de izquierda y centroizquierda latinoamericanos ha construido su identidad programática alrededor de la defensa del trabajo: extensión de derechos laborales, fortalecimiento de la negociación colectiva, aumento del salario mínimo, protección frente al despido. Es un catálogo que debería traducirse en el respaldo natural de quienes menos tienen: los trabajadores asalariados, los sectores medios bajos, los hogares que dependen de un sueldo mensual para sobrevivir. Durante buena parte del siglo XX ese supuesto fue razonablemente cierto: ser pobre equivalía, más o menos directamente, a votar por la izquierda.

Conviene mirar esto desde 2021, cuando Gabriel Boric derrotó a José Antonio Kast en segunda vuelta con un programa que prometía reforma tributaria, el fin de las AFP y una ampliación sustantiva de derechos laborales y sociales. Ganó apoyado en un electorado joven y urbano, politizado por el estallido social de 2019 y por un fuerte voto anti-Kast. Menos de un año después, ese diagnóstico empezó a resquebrajarse.

En septiembre de 2022, en el plebiscito sobre la nueva Constitución, el Rechazo se impuso por amplio margen en casi todas las comunas del país (Servel). Un estudio de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo mostró que el quintil de menores ingresos votó Rechazo con más fuerza que el promedio nacional. El Rechazo ganó también en las comunas de mayor población indígena y en la mayoría de los recintos penales del país: un año después de elegir al presidente más joven de su historia con un programa refundacional, los sectores más pobres de Chile rechazaron por amplia mayoría el texto que ese mismo gobierno........

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