La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su propuesta de reforma electoral y anunció que este lunes enviará la iniciativa a la Cámara de Diputados. No es un anuncio improvisado ni una ocurrencia de último momento. La reforma fue planteada desde la campaña presidencial en el punto 8 del documento de los 100 compromisos por la transformación, que establece, “fortalecer la democracia participativa, la revocación de mandato, las consultas populares y reducir el costo del sistema electoral”. Nadie puede llamarse a sorpresa. Por eso se votó y por eso, desde Morena, se respalda.

La propuesta toca nervios sensibles porque cuestiona privilegios históricos. Plantea eliminar las listas cerradas para diputaciones plurinominales, reducir en 25% el gasto de las instituciones electorales y de las elecciones, establecer fiscalización en tiempo real de los recursos de campañas, y crear candidaturas exclusivas para mexicanos en el exterior. Se refuerza la fiscalización, ahora con monitoreo permanente, y se establece coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera y el Instituto Nacional Electoral para emitir medidas precautorias cuando se detecten recursos de procedencia ilícita. Además, recupera dos principios que el pueblo nunca dejó de reclamar: no a la reelección y no al nepotismo.

Son modificaciones profundamente racionales. No eliminan la pluralidad, ni buscan un partido único como dicen la oposición y la comentocracia. Lo que hacen es responder a una demanda clara de la ciudadanía: la de acabar con las burocracias partidarias que se reparten curules sin haber pisado una colonia, sin haber dado la cara, sin haber pedido un solo voto. Todos a territorio, todos a someterse al voto popular. Estos cambios no surgieron de un escritorio en Palacio Nacional. Son el resultado de un amplio ejercicio democrático encabezado por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, en el que se realizaron 63 audiencias públicas en todo el país, siete de ellas en Estados Unidos, con la participación de más de mil ponentes y la recepción de mil 357 propuestas. Es decir, la reforma recoge el sentir de la gente.

Hasta el momento, lo más criticado por la oposición es la eliminación de las listas plurinominales tal como hoy existen. Pero conviene aclararlo, la representación proporcional se mantiene. La Cámara seguirá teniendo 500 diputaciones, de las cuales 300 son de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. De estas últimas, 97 se asignarán a las “mejores perdedoras y perdedores” de las contiendas distritales; 95 a candidaturas votadas directamente en listas abiertas por circunscripción; y ocho serán para mexicanos residentes en el extranjero. Ante ello, pregunto, ¿dónde está el “autoritarismo”?

Por eso la oposición protesta. Porque ya no podrán quedarse cómodamente fuera del país, sin hacer campaña, esperando que una dirigencia los coloque en los primeros lugares de una lista. Ya no bastará vivir lejos del territorio, en Atlanta o en McAllen, mientras se sueña con una curul automática. Ahora tendrán que regresar, caminar, escuchar y convencer. Y eso, para algunos, parece demasiado. La resistencia a esta reforma es de conveniencia. Quienes se oponen no defienden la democracia; defienden sus privilegios. Pero el país ya cambió. Y así como cambió México, sus instituciones también deben transformarse.

Esta reforma no llega sola. La acompaña el pueblo de México, que exige elecciones más baratas, más justas y representantes que hayan sido votados. La iniciativa de la presidenta no solo llegará al Congreso; llegará respaldada por una mayoría social que ya no quiere simulaciones. Y esa mayoría se hará escuchar.

DIPUTADO FEDERAL Y VOCERO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA DE LA LXVI LEGISLATURA

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