El Estado tiene el deber de garantizar a todas las personas el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos (art. 14.III CPE) En tal sentido, debe adoptar las medidas que sean necesarias para evitar actos de violencia, garantizar la seguridad de las personas y mantener el orden público y el principio de autoridad. El accionar violento de manifestantes o de terceros que pongan en riesgo la vida o la integridad física de personas, obliga al Estado a realizar las acciones proporcionadas para prevenir y evitar estos hechos. 

El uso de la fuerza, en este sentido, debe entenderse como un recurso último que, limitado cualitativa y cuantitativamente, pretende impedir un hecho de mayor gravedad que el que provoca la reacción estatal. Y para que el uso de la fuerza se encuentre justificado, se deben satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad (Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe 2019). Sin embargo,........

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