Todo sistema político se fundamenta en un conjunto de reglas y procedimientos que, si bien son construcciones sociales, adquieren un estatus de certidumbre para la ciudadanía. En el contexto boliviano el cisma político del año 2019 instaló un precedente crítico en la memoria histórica en torno a la defensa de los derechos ciudadanos. En consecuencia, cualquier acción que contemple la alteración de las reglas —particularmente en lo referente a una segunda vuelta— se transforma en un problema político altamente sensible. Dicha eventualidad es decodificada por la sociedad civil no como un ajuste administrativo, una chicanería o un artificio propiamente político, sino, como la potencial reactivación de una crisis general del sistema, reactivando mecanismos de respuesta social análogos a los observados el 2019.

El primer efecto observable si eventualmente se intentara alterar el curso del proceso........

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