Bolivia no carece de diagnósticos. Sabemos del déficit fiscal, la escasez de divisas, la caída del gas, la informalidad, la baja inversión, las empresas públicas deficitarias, la inseguridad jurídica y la fragilidad institucional. Economistas, organismos internacionales, empresarios y gobiernos llevan años describiendo los síntomas.

Otro inventario aporta poco.

La pregunta difícil es otra: si no podemos cambiar todo al mismo tiempo, ¿qué debemos arreglar primero?

Un país en crisis necesita atender urgencias simultáneamente, pero no se reconstruye simultáneamente. Hay reformas que dependen de otras. Si confundimos lo urgente con lo fundamental, podemos estabilizar Bolivia hoy y comenzar, mañana mismo, a fabricar la próxima crisis.

Primero, redefinir el Estado.

No se trata de la vieja discusión entre Estado grande o Estado pequeño. Se trata de algo anterior: decidir qué debe hacer y qué no debe hacer.

El Estado debe garantizar derechos, justicia, seguridad, educación, salud, infraestructura, regulación y protección de quienes realmente la necesitan. Pero debemos preguntarnos dónde termina esa función y dónde comienza un Estado productor, importador, financiador, comercializador, empleador y competidor de sus propios ciudadanos.

El problema no es ideológico. Es de resultados. Cada actividad que asume el Estado debe poder responder tres preguntas: ¿es necesaria?, ¿es eficiente?, ¿por qué debe realizarla el Estado y no la sociedad?

Segundo, reconstruir las instituciones y los límites al poder.

Ninguna reforma económica sobrevivirá si cada nuevo gobierno puede cambiar arbitrariamente las reglas.

Seguridad jurídica, propiedad, contratos,........

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