En medio de la profunda crisis económica que vive Bolivia, resulta natural escuchar una demanda ciudadana que parece de sentido común: si la población está haciendo sacrificios, el Gobierno también debería hacerlo. Entre esas exigencias aparece una con frecuencia: bajar los salarios de los funcionarios públicos.

Es una reacción comprensible. Pero también puede ser una de esas ideas que, aunque intuitivas, terminan agravando el problema que pretenden resolver.

Con demasiada frecuencia medimos la justicia en función del otro. Si el ciudadano gana poco, el servidor público también debería ganar poco. Si el país atraviesa dificultades, quienes trabajan en el Estado deberían compartir ese sacrificio. La lógica parece razonable.

Sin embargo, hay una pregunta mucho más importante: ¿queremos un Estado barato o un Estado capaz y eficiente?

Porque, al final del día, las decisiones más importantes para el futuro de Bolivia pasan por el sector público. Allí se diseñan las políticas económicas, se administran miles de millones de bolivianos, se regulan sectores estratégicos y se toman decisiones que afectan la vida de millones de personas. ¿Por qué esperar entonces que los mejores profesionales quieran asumir esas responsabilidades........

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