Benjamín Franklin sentenció que en este mundo solo existían dos certezas absolutas: la muerte y los impuestos. Bolivia, en gran medida, ha refutado al prócer norteamericano. Con una informalidad que supera el 80% de la Población Económicamente Activa y cerca del 50% del PIB operando fuera del sistema, tributar en Bolivia es una opción discrecional. La muerte, en cambio, sigue siendo inevitable, a pesar de que hay difuntos que aún votan. 

La informalidad laboral no es una válvula de escape ni un mal menor tolerable: es una trampa estructural que condena al país al estancamiento. Normalizarla —o legislar para convivir con ella— equivale a aceptar la pobreza como política pública implícita.

La evidencia es contundente. Según el informe 2025 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los trabajadores informales tienen el doble de probabilidad de ser pobres que los formales, acumulando una deuda social que el Estado inevitablemente terminará absorbiendo. El daño fiscal es igualmente severo: el Banco Mundial (BM) estima que la informalidad reduce los ingresos públicos entre 5 y 12 puntos del PIB, asfixiando la capacidad estatal de inversión. El resultado es un círculo vicioso de precariedad y bajo crecimiento.

La informalidad no es un fenómeno inmutable. Entre 2004 y 2024, la OIT muestra que América Latina logró reducirla del 60% al 52%, y África........

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