En mi columna anterior señalaba que una de las reglas básicas -constituyentes- para hacer viable el desarrollo de Bolivia tiene que ser el principio de subsidiariedad: el Estado debe ocuparse sólo de aquello que privadamente no tenga una mejor solución y, dentro de lo estatal, un nivel más amplio debe proveer sólo aquello que no pueda ser mejor provisto -con los respectivos aportes ciudadanos- en uno más próximo al ciudadano.

También vengo mencionando que tradicionalmente la primera organización a través de la cual los bolivianos se proveen de bienes de uso común -como construcción y mantenimiento de infraestructura de transporte, y de canales y distribución de agua para riego-  ha sido la comunidad, y cómo en los procesos de provisión de estos bienes se cumplen estrictamente reglas de eficiencia y equidad: cada uno aporta según el beneficio que recibirá y, dado que la provisión se efectúa exclusiva -o primordialmente- gracias a esos aportes, todos velan porque sean utilizados de la mejor manera posible. La corrupción, la rara vez que ocurre, es severamente castigada: son reglas del juego -lo que ahora se denomina “instituciones”- endógenas e inclusivas.

Bajo estos principios -de subsidiariedad y que todo gasto se base en........

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