El bono Juancito Pinto de Bolivia es una de las transferencias monetarias que ha generado muchos elogios y expectativas, no solo a nivel nacional, sino internacional. Organismos de Naciones Unidas como Unesco, Unicef, Cepal, entre otros destacaron su importancia y como siempre el gobierno de Evo Morales y Luis Arce hacían gala de estos reconocimientos sin mostrar la verdadera realidad de la arquitectura financiera que hoy lo desnudamos.

Un primer elemento para destacar es el establecimiento de un decreto supremo para definir la estructura de financiamiento del Bono Juancito Pinto, es decir, cada año, el dedo de los políticos definía el secuestro de las utilidades de las empresas públicas, mostrando la manera como ha funcionado durante todos los años esta transferencia monetaria. Lo correcto hubiera sido definir parámetros de distribución de acuerdo con la rentabilidad de las empresas públicas, flujo de efectivo, inversiones previstas, etc. Durante los 20 años, se han dictado los DS 29321, DS 29652, DS 0309, DS 0648, DS 1016, DS 1372, DS 1748, DS 2141, DS 2506, DS 2899, DS 3331, DS 3685, DS 4050, DS 4336, DS 4606, DS 4807, DS 5031, DS 5230, DS 5454, uno por cada año para capturar discrecionalmente los recursos de las empresas públicas.

Un segundo elemento es el financiamiento del bono Juancito Pinto, que provenía directamente de las empresas creadas por gobiernos anteriores al 2006, por ejemplo, el 48% de los aportes al Bono Juancito Pinto provino de YPFB, el 10% de Entel, el 6% de Ende, el 4,6% de Comibol, un 16% por........

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