Bolivia enfrenta, una vez más, una crisis compleja orquestada por grupos de poder económico y político vinculados al crimen trasnacional. Estas organizaciones criminales camuflan sus actos conspirativos detrás de demandas sectoriales que, aunque puedan ser legítimas en su origen aparente, no constituyen la causa real del conflicto. El crimen organizado ha movilizado millones de dólares —no millones de ciudadanos— para financiar una operación de desestabilización semejante a las que el país ya padeció desde principios de este siglo. Lo que se presenta como una protesta social espontánea responde, en realidad, a una estrategia de presión orientada a debilitar o derribar gobiernos constitucionales.

Y estas movilizaciones responden a un patrón sistemático y repetitivo, diseñado minuciosamente para estrangular al Estado mediante:

Fase de activación: Comienza con bloqueos esporádicos y la convocatoria a cabildos públicos para legitimar la movilización.

Escalada y polarización: Se desatan marchas violentas hacia los centros urbanos, exacerbando riesgosamente las fracturas históricas entre el mundo indígena y las ciudades.

Asfixia logística: Se implementan olas de bloqueos donde los sindicatos se turnan estratégicamente para mantener la presión. Esto crea un cerco completo a las ciudades, cerrándose paulatinamente para desabastecerlas de combustible, alimentos, medicamentos, oxígeno y paralizar el aparato productivo.

Crisis: El consecuente encarecimiento del costo de vida empuja a los gobiernos al cumplimiento de la ley y los obliga a ejercer el monopolio de la fuerza estatal. Durante los enfrentamientos resultantes se producen víctimas; muchas de ellas, significativamente, por disparos por la espalda........

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