Cuando Rodrigo Paz asumió la Presidencia, existía una expectativa clara de que el nuevo Gobierno revisaría el tamaño y el costo del aparato estatal. Entre las decisiones esperadas estaba determinar qué empresas públicas tenían sentido estratégico, cuáles podían ser reorganizadas y cuáles simplemente debían desaparecer. El propio mandatario anunció al comenzar su gestión que serían cerradas aquellas empresas convertidas en espacios para cargos políticos.

Casi un año después, esa definición continúa pendiente. Por eso, el Decreto Supremo 5727 llega precedido tanto de expectativa como de impaciencia.

La norma declara prioritaria la reorganización, disolución o liquidación de empresas públicas y establece el procedimiento para hacerlo. La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) ya concluyó su diagnóstico y ahora corresponde que el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública defina el........

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