Los episodios de violencia protagonizados recurrentemente por grupos de la comunidad ayorea en la zona de Pailón Sur y en algunos tramos de la carretera Bioceánica han vuelto a instalar un debate que el Estado ha postergado durante décadas. Los ataques contra vehículos, transportistas o personas generan temor, afectan la seguridad vial y perjudican una ruta estratégica para la integración regional. Esa realidad no puede minimizarse ni justificarse. Pero tampoco puede analizarse de manera aislada, como si fuera únicamente un problema de orden público.

La primera obligación del Estado es garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Ninguna reivindicación social o cultural puede traducirse en agresiones, amenazas o hechos violentos. La ley debe aplicarse cuando se cometen delitos, protegiendo tanto a las víctimas como los derechos de los propios pueblos indígenas. La impunidad solo alimenta la repetición de estos episodios.

Sin embargo, reducir el problema a una intervención policial sería un error que solo........

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