Bolivia enfrenta hoy un desafío energético que trasciende el debate coyuntural sobre precios: el problema de fondo es la racionalidad, eficiencia y transparencia con la que el Estado ha gestionado la importación de petróleo crudo, diésel y gasolina. La dependencia externa es elevada y estructural; en los últimos años el país ha importado más del 80% del diésel y más de la mitad de la gasolina que consume. Solo en 2024 la factura de importación de combustibles superó los $3.000 millones de dólares, y entre 2015 y 2024 el acumulado bordea los $16.000 millones (antes lo pagaba el Estado, ahora lo pagamos todos). En una economía con restricciones crónicas de divisas, este volumen de recursos exige estándares de gestión extraordinariamente rigurosos. Cuando esos estándares no se cumplen plenamente, las pérdidas potenciales son significativas. 

Si se toma como referencia un costo internacional promedio de importación en torno a 1,15–1,25 dólares por litro en distintos momentos recientes, una ineficiencia relativamente pequeña —por ejemplo, un sobrecosto logístico o contractual de apenas 5%— podría implicar entre $150 y $200 millones de dólares adicionales en un solo año sobre una factura de $3.000 millones. Si el desalineamiento o la mala planificación elevara ese sobrecosto a 8% o 10%,........

© El Deber