Chile enfrenta uno de los escenarios laborales más complejos de los últimos años. El propio Informe de la Mesa de Reactivación Laboral reconoce que el desempleo alcanzó un 9,1% y que el país acumula más de 40 meses con tasas superiores al 8%, además de registrar una disminución de 70 mil empleos formales en los últimos años.

En este contexto, cualquier reforma orientada a fortalecer el empleo merece ser bienvenida. Sin embargo, también debemos preguntarnos si algunas de las medidas propuestas podrían generar un efecto contrario al esperado.

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La capacitación laboral no es un gasto; es una inversión en productividad, competitividad y desarrollo. Y, sobre todo, es una inversión en las personas.

El debate que hoy se instala parece centrarse casi exclusivamente en la inserción laboral inmediata. Sin embargo, detrás de esta discusión también existe un componente fiscal evidente: la reducción de la Franquicia Tributaria del 1% al 0,5% implicaría disminuir el incentivo que hoy tienen las empresas para invertir en capacitación.

En la práctica, esto significa que las empresas contarían con menos espacio para imputar ese gasto como crédito en su declaración anual de renta. El Estado podría aumentar su recaudación, es cierto, pero el costo puede ser alto: frenar la inversión privada en productividad, reconversión tecnológica y estabilidad laboral. Mirar la capacitación solo como un gasto tributario es una visión cortoplacista e insuficiente frente a los desafíos del empleo, la automatización y la transformación productiva.

El propio informe advierte........

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