La crisis de Ceuta se ha judicializado. El Ministerio Público, representado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, ha informado a la jueza María Tardón de que procede investigar la avalancha sobre la ciudad por la posible comisión de varios delitos. Y la Fiscalía General, en un comunicado, abre la posibilidad de que en la causa se averigüe también si se ha cometido alguna de las infracciones tipificadas en los artículos 589 y siguientes del Código Penal, relativas a la paz y la independencia del Estado. En el procedimiento se ha personado la ciudad autónoma.

Este movimiento, primero de la jueza y luego de la Fiscalía, representa palabras mayores. Asunto muy grave. Gravísimo. Por eso, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trató de arrojar dudas en una carta dirigida a la presidenta del CGPJ sobre la estratégica decisión de la jueza de reclamar a la Policía Nacional un informe sobre quién, o quiénes, fue o fueron el o los instigadores (autoría, cooperación necesaria, inducción) de la invasión (sí, invasión) de la ciudad autónoma de Ceuta los días 30 y 31 de julio. En el texto —absolutamente inédito y falsamente sorprendido—, el ministro, y también juez de carrera, afeaba a María Tardón que hubiera preservado el secreto de las actuaciones, advirtiendo a la Policía Judicial de su deber de confidencialidad hasta la emisión del dictamen que le solicitó. Una decisión idéntica a la que él tomó en 2006 con motivo de la instrucción del 'caso Faisán'.

La respuesta a esa carta de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Isabel Perelló, y el acuerdo unánime de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional han sido fulminantes: no hay nada que reprochar a la magistrada, sino todo lo contrario. Y por eso, de nuevo, el responsable último de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el ministro del Interior, vuelve a quedar desairado, en una situación personal y política........

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