A las cuatro de la tarde del miércoles 15 de octubre de 2025, más de cuarenta periodistas salieron del edificio del Pentágono en Washington DC cargando cajas con sus pertenencias. Habían trabajado durante años acreditados en la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Fue la reacción ante la revocación de credenciales a un grupo de ellos y las restricciones impuestas por el gobierno de Donald Trump para informar sobre las actividades militares. Cinco meses después, el 20 de marzo de 2026, un tribunal declaró inconstitucionales las restricciones a la prensa del gobierno federal.

El lunes 6 de abril, en Argentina, la escena tuvo una réplica. La Casa Rosada revocó las credenciales de varios periodistas acreditados. Para justificar la medida, aprovechó la publicación de una investigación periodística con documentos filtrados con los supuestos pagos a algunos medios por parte de una red de propaganda rusa que buscaba desestabilizar al gobierno de Javier Milei. Esos periodistas no habían firmado los artículos señalados. Unos días antes, a uno de ellos el jefe de Gabinete libertario le había dicho que era “apenas un periodista” cuando le preguntó por la causa judicial por enriquecimiento ilícito en la que está siendo investigado. En menos de un mes, los periodistas argentinos pasaron de ser catalogados como “apenas periodistas” por el vocero presidencial Manuel Adorni a “traidores a la Patria” por el presidente. De la deslegitimación a la estigmatización.

Las dos escenas –Washington y Buenos Aires– sucedieron en contextos donde los gobiernos han convertido a la prensa en blanco de ataques sistemáticos. La diferencia no estuvo en el gesto del poder. Sí en la reacción de los periodistas. Y eso abre una serie de preguntas para el debate.

En Estados Unidos, la respuesta institucional y judicial fue rápida. En Argentina, en cambio, la reacción fue fragmentada: hubo comunicados, apoyos y muestras de solidaridad en redes sociales, desmentidas. Mucho ruido. Ninguna acción colectiva sostenida.

La prohibición del ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada fue el lunes 6 de abril. Después de los cuatro días de Semana Santa en los que el presidente Milei “escribió 86 tuits contra la prensa y republicó otros 874 emitidos originalmente por militantes libertarios, funcionarios o usuarios desconocidos”, según publicó Martín Rodríguez Yebra en el diario La Nación. Fue una nueva escalada de su campaña NONSALP, “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, acompañada por ministros y funcionarios. El miércoles 8 sumó una entrevista en la Televisión Pública en la que aseguró que “el 95 por ciento de los periodistas argentinos son delincuentes” y explicó: “Escriben por mandatos o financiados por otros países o en medios que tienen conflictos con el Gobierno porque quieren prebendas o responden a empresaurios, empresarios prebendarios. Por lo cual, el 95 por ciento del periodismo está contaminado”.

“La revocación de mi acreditación es una manera de imponer miedo”, dice Liliana Franco, periodista de Ámbito con más de 30 años de trabajo en la sala de prensa de la Presidencia. Y sostiene: “A ningún gobierno le caen simpáticos los periodistas y es parte del juego. No estamos para ser aplaudidores del gobierno de turno”.

Mientras espera los resultados de la reunión en Casa Rosada entre los directivos de Ámbito y funcionarios para el descargo que demostraría que nunca habían recibido dinero del gobierno de Vladimir Putin, Franco hace un diagnóstico que va más allá del Gobierno: “Lo digo con tristeza, la mayoría de mis colegas cree que hacer su trabajo es llevarse bien con los voceros. Obviamente así es más fácil transitar los pasillos del........

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