La Fiscalía ha admitido estudiar una denuncia presentada contra la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) por su participación en la construcción y el mantenimiento de dos líneas de tranvía israelíes dentro de los Territorios Ocupados de Palestina (TOP). La decisión responde a la demanda interpuesta por seis organizaciones civiles contra el consejo de administración de la empresa vasca por entender que su implicación en el ‘Plan Maestro de Transporte de Jerusalén’, un proyecto israelí que contempla la instalación y conservación de 27 kilómetros de vías férreas en zonas anexionadas por colonos, viola las normas del derecho internacional humanitario reconocidas en el Convenio de Ginebra y dos artículos del Código Penal español. Las organizaciones denunciantes son Novact, la Comunitat Palestina de Catalunya, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, Observatori Desca, Paz con Dignidad y Suds, representadas por el Centro Guernica 37. “CAF está obteniendo grandes beneficios de la política de ocupación y el régimen de apartheid que sufre el pueblo palestino. Consideramos que existe una responsabilidad empresarial en unos delitos tipificados y ante el silencio de gobiernos e instituciones hemos decidido tomar la iniciativa”, afirma a CTXT un miembro de Suds, una de las organizaciones que han presentado la demanda ante la Fiscalía como garantía para que sea abordada posteriormente en los tribunales de justicia.

Las organizaciones denunciantes consideran que la empresa viola el Convenio de Ginebra y dos artículos del Código Penal español

Las organizaciones denunciantes consideran que la empresa viola el Convenio de Ginebra y dos artículos del Código Penal español

En concreto, focalizan su acusación en la responsabilidad, directa o indirecta, que las obras de la empresa ferroviaria tienen en el desplazamiento forzado de la población palestina y en la consolidación de un régimen que combina la segregación racial con prácticas inhumanas. CAF, cuya sede central está en Beasain (Gipuzkoa), ya fue señalada el pasado año en el informe “De la economía de ocupación a la economía de genocidio” elaborado por la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, como una de las transnacionales más favorecidas económicamente por la política de........

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