SANTIAGO – Luego de 10 años de infructuosos intentos, Chile está aprobando una reforma previsional, fruto de un dificultoso consenso entre el gobierno izquierdista de Gabriel Boric y la oposición de derecha, que no cambiará las bases de un sistema implantado hace cuatro décadas pero que en definitiva es un avance para mejorar las pensiones de jubilación.

No todos lo ven así. El acuerdo es impugnado con argumentos lógicamente contrapuestos tanto por sectores de izquierda radical como por la extrema derecha, lo cual refleja la complejidad de un problema generalizado en todo el mundo y que ha tenido diversos abordajes en América Latina desde la década de los 80 del siglo pasado.

El reemplazo de los antiguos sistemas solidarios de reparto, generalmente de gestión estatal, por mecanismos de capitalización individual de administración privada, sentó los extremos de un desafío que sigue vigente en cuanto a garantizar pensiones dignas, incluso con fórmulas intermediadas creadas por algunos países en el camino.

El derecho a una vejez tranquila, con reconocimiento de lo aportado durante la vida activa, es una aspiración que en los hechos no se cumple para todos en una América Latina donde campean el trabajo informal, el incumplimiento de leyes laborales, la crisis del sindicalismo y un envejecimiento de la población acompañado de la discriminación de los jóvenes.

Todos estos factores se confabulan para que los sistemas de pensiones en la región estén lejos de configurar un círculo virtuoso. Tampoco han llegado a ser un círculo vicioso gracias a medidas paliativas, pero están inmersos en un eterno círculo penoso, como lo muestra el caso de Chile.

Las AFP, eje del sistema

La primera encuesta sobre la reforma previsional en Chile, difundida el domingo 19, señala que 68 % de la población espera que sea........

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