La Audiencia Nacional —tribunal que asumió en 1977 las funciones del extinguido Tribunal de Orden Público (TOP) franquista— vuelve a situarse en el centro del debate público, demostrando que sus ritmos procesales y giros de guión no siempre obedecen a la estricta lógica formal del derecho, sino que parecen actuar en llamativa sintonía con la coyuntura política y las estrategias de desgaste institucional. El reciente auto del magistrado Santiago Pedraz, que ordena, a través de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) recabar o requerir información en la sede federal del PSOE en la calle Ferraz que, al final, después de más de diez horas en la sede, es más bien un registro, no constituye un hecho aislado ni una mera diligencia de investigación penal rutinaria; representa, por ahora, el último eslabón visible de una cadena de eventos policiales, judiciales, mediáticos y políticos que que vienen operando coordinadamente con intereses que trascienden las fronteras del Estado español, siendo el portavoz de esta estrategia, desde noviembre de 2023 el expresidente ultraconservador proestadounidense y sionista José María Aznar: “El que pueda hacer que haga”, cuya consigna reprodujo, en un vídeo recientemente, a raíz de la imputación judicial al expresidente socialdemócrata José Luis Rodríguez Zapatero.

Para desentrañar la verdadera naturaleza de estos movimientos sectoriales del aparato de Estado, es metodológicamente imprescindible conectar la actividad instructora con la geopolítica de servicios de inteligencia. No es posible desvincular la hiperactividad de la Audiencia Nacional de las recientes y significativas maniobras de la Embajada de los Estados Unidos en Madrid. Las muy recientes reuniones del nuevo embajador de la Administración Trump con los líderes del bloque conservador y reaccionario —Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal—, sumadas a sus declaraciones públicas, en un denominado desayuno informativo organizado por el Foro de Nueva Economía el 27 de mayo de 2026, en Madrid, contra el Ejecutivo de coalición, superan los límites de la cortesía diplomática. Configuran, en términos de bloques de poder, la articulación de una ofensiva que aspira a tutelar, condicionar y erosionar la soberanía del Gobierno de España.

El trasfondo conceptual y material de estos desencuentros bilaterales no responde a cuestiones accesorias, sino a una enmienda a la totalidad de la política exterior y de defensa de España por parte de Washington. Son tres los vectores de ruptura........

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