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| Publicado el 27 enero 2026

 La eficiencia o fallo de un sistema sólo puede evaluarse a partir de su objetivo; es decir, ¿cumple el propósito para el que fue diseñado?. En este caso, es meritorio preguntarse: ¿cuál es el marco filosófico del Departamento de Educación?, ¿cuál es la meta planteada?, ¿cómo la política pública instrumentaliza las disposiciones de la Constitución (gratuita, obligatoria, y laica)(1)?. La percepción generalizada es que el sistema educativo público no funciona, y que la educación privada es superior. Sin embargo, un análisis concreto debe ser realizado a partir de data confiable, y no de la variable opinión pública, moldeada por la prensa y las estructuras políticas. Aunque el sistema privado es regido por iguales estándares y expectativas curriculares, no es medido con las métricas utilizadas para juzgar el sistema público; no participan de la administración de pruebas estandarizadas, no están sometidas al escrutinio administrativo constante, y no capturan una población tan socioeconómica,cultural y funcionalmente diversa. Por tanto, su relativo “éxito” es artificialmente inflado por variables de clase, selectividad y capital cultural de las familias. 

No pretendemos plantear con esto que el estado de la educación pública es óptimo, mas es importante resaltar que se trata de un sistema complejo, funcionando (o intentando) en condiciones económicas y políticas igualmente complejas. Actualmente, está regido por la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico (Ley Núm. 85 de 29 de marzo de 2018, según enmendada), que derogó la Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico (Ley Núm. 149 de 15 de Julio de 1999, según enmendada, que a su vez sustituyó la Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 1990, según........

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