El robo a los dineros para la implementación de los Acuerdos de paz firmados entre el gobierno de Santos y las Farc en el segundo semestre del 2016 es uno de los episodios más aberrantes en la historia de la corrupción en Colombia.

Miles de millones de pesos fueron evaporados y despojados por poderosas redes de operadores y contratistas que lograron acceder a los recursos asignados al Ocad paz para ser invertidos en proyectos de desarrollo en los 170 municipios más pobres escogidos para materializar los consensos alcanzados con una de las guerrillas más antiguas.

El Ocad paz fue creado justamente como parte del Sistema General de Regalías para canalizar dineros de dicho sector en la construcción de la anhelada paz que concitó el apoyo de millones de ciudadanos, no obstante, el impase del inoportuno plebiscito convocado por el ex presidente Santos.

Elites locales y regionales, coludidas con funcionarios de entidades nacionales (Planeación nacional, contraloría, senado y cámara) organizaron un sofisticado mecanismo para robarse los dineros en un proceso que implicaba el favorecimiento, la manipulación y la intervención indebida e interesada de funcionarios que debieron garantizar la eficiencia en la administración de casi 10 billones de pesos y la transparencia en la ejecución de unos dineros vitales para los municipios más pobres, golpeados por la violencia.

En el momento de mayor auge del saqueo (2020 y 2021) se consolido un paso a paso que contemplaba para cada proyecto el pago de varias coimas: entre 1 y 2 por ciento a funcionarios de la Contraloría, que aunque solo ejercen un control ‘preventivo’ en el Ocad generaban alertas que bastaban para que un proyecto no saliera o quedara represado; 5 y 6 por ciento para el director del Sistema General de Regalías (Álvaro Dávila), secretario técnico del Ocad Paz y nombrado por el entonces director de Planeación (Luis Alberto Rodríguez); y entre 7 y 9 por ciento al congresista que ‘apadrinaba’ el proyecto (Merheg, Ape Cuello, Arana y Manzur); las maniobras criminales para repartirse la plata implicaban alteración del orden de aprobación de proyectos, cobro de coimas que llegaron en total al 15% del valor de los proyectos aprobados, interferencia de congresistas y personas ajenas, así como la actuación de funcionarios de Planeación Nacional y de la Contraloría.

Lo que se organizo fue una verdadera cloaca del estado, en la que también metieron las manos alcaldes como el de la Paz (Cesar), el de Fonseca (Guajira), el de Uribe (Meta), el de Morelia (Caqueta), el de Florencia (Ruiz Cicery) y el de Montelibano (Córdoba); y gobernadores como el del Caquetá (Gasca), Córdoba (Benitez), Guaviare (Heydeer Palacio), Norte de Santander (Silvano) y el de Arauca (Castillo).

Las sesiones 52, 53, 54, 55, 56 hasta la 61 del Ocad paz fueron una verdadera bacanal de la repartija y el robo de estos dineros. Al respecto hemos estudiado en detalle las actas correspondientes a tales reuniones, que se pueden consultar en el siguiente enlace electrónico en el portal oficial del Ocad paz: https://www.sgr.gov.co/Inversión/OCADPAZ/SesionesOCADPAZ.aspx

No obstante que en su momento medios independientes y periodistas profesionales dieron a conocer esta deplorable situación, señalando que el robo alcanzo la cifra de 500 mil millones de pesos (siendo superior), ninguna autoridad actuó a pesar de ciertos anuncios. La Dirección anticorrupción de la Fiscalía nunca inició un procedimiento judicial para dar con los culpables de estas acciones delincuenciales.

Desde que llegó a la presidencia Gustavo Petro, se han realizado 10 sesiones del Ocad paz (62 a 71), en las que ha actuado como Secretario técnico un señor Julián Guerrero (con una cuestionable gestión), nombrado por Tania Guzman (directora del Sistema General de Regalías) y como presidenta Gloria Cuartas (acompañada por un grupo de asesores).

Dichas reuniones han evacuado distintos proyectos según la fuente de financiación e igualmente priorizaron la expedición de un nuevo reglamento para la selección, priorización y asignación de distintas iniciativas de los alcaldes y gobernadores, que de poco a servido.

Aun así, el Ocad paz mantiene su porosidad porque el tráfico de influencias permanece con proyectos como el del Acueducto regional del Patía (casi 100 mil millones de pesos), que fue descaradamente presionado por el ex gobernador Elías Larrahondo (quien vive hoy en Turquia) quien lo adjudicó con procedimientos cuestionables a la Empresa de Acueducto de la gobernación; los proyectos de Puerto Gaitán y otros en Urabá y Cordoba.

Aunque desde el 2022 se organizó un sistema de Auditoria social y veeduría comunitaria para adelantar el control a las decisiones del Ocad paz, como la Veeduría "Ocad paz con transparencia", sus labores no han tenido el respaldo de los tres miembros de este organismo ni de la secretaria técnica.

Dicha Veeduría ha solicitado con decenas de derechos de petición que se investigue con rigor el robo de los dineros de la paz y se denuncie públicamente lo que ocurrió en el 2021 sin respuestas contundentes y más bien con el desconocimiento de las demandas de transparencia. Hay poco interés para esclarecer el saqueo y se evade un compromiso solido en los términos de lo que ha exigido el presidente Gustavo Petro. Hay señales de que presuntamente se ha regresado al tráfico de influencias y a la manipulación corrupta de los proyectos con la presunta colaboración de funcionarios que aparentan ser unos técnicos ajenos a los compromisos políticos del actual gobierno. Ya se están justificando las contrataciones con entidades como el Fondo Mixto del Deporte del Valle del Cauca y otros Operadores de dudosa reputación en Urabá, Magdalena, Bolívar, la Guajira, Cesar y Guaviare. El nuevo director de Planeación Nacional, ex senador Alexander López debería tomar nota de todo esto e intervenir esta entidad para impedir que siga el saqueo de los dineros de la paz.

En toda la cadena de agentes y operadores involucrados con el robo a los dineros de la paz es necesario resaltar la participación de entidades como el Fondo Mixto del deporte del Valle del Cauca, del cartel de los paneles solares, de Energuaviare, de las Empresas de telecomunicaciones de Popayán y de Asociacion de Municipios de Urabá.

Respecto del Fondo Mixto del Deporte del Valle del Cauca para la promoción del deporte, el desarrollo integral y la gestión social (https://fonmixtoprodeporte.gov.co/ ), que es un parapeto clientelar de la actual gobernadora del Valle del Cauca (Dilian Francisco Toro), hay que señalar que se trata de una entidad que depende de la gobernación del Valle del Cauca al que se le ampliaron sus funciones hasta otorgarle la capacidad de realizar cualquier cosa y en cualquier parte de Colombia y en esos términos le adjudicaron en el Ocad paz en el año 2021, la contratación de 33 proyectos por valor de $585.289 millones en nueve departamentos como Cesar, Nariño, Putumayo, Caquetá, Cauca, Bolívar, Magdalena, Choco y Meta; proyectos que nunca se iniciaron y quedaron en promesas para las comunidades.

Proyectos con sobrecostos cercanos a los 55 mil millones de pesos, entregados a alcaldes de la U que es un artefacto electoral de bolsillo de Dilian Francisco Toro.

Hay que señalar que 24 de los 33 proyectos adjudicados en el 2021 al Fondo Mixto para el Deporte por un valor de 357 mil millones, se entregaron a contratistas cuestionados o sin experiencia para la magnitud de lo que están ejecutando y que algunos concentraron varios contratos. Casi todos recibieron plata sin poner un........

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