La estrategia parecía clara desde el inicio: culpar a los fantasmas del pasado para justificar los tropiezos del presente. Bajo los murales del segundo piso de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministras y ministros intentaron apagar un incendio mediático desencadenado por la compra de nueve camionetas blindadas.

Lo que comenzó como una ofensiva contra la administración anterior que se apagaría con la decisión de “no utilizar” las camionetas blindadas, asegurando que ahora existen nuevas políticas de austeridad institucional, terminó convertido en una defensa ríspida sobre contratos invisibles, acusaciones sin argumentos sólidos y la dudosa salida de una magistrada del nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ).

La conferencia, inédita en esta administración, comenzó con el rigor protocolario. Antes de cualquier discurso político, la voz institucional de la Corte dictó las instrucciones de Protección Civil: repliegue a zonas de menor riesgo y no usar elevadores en caso de sismo. Una metáfora involuntaria de su situación actual: una institución que busca su zona de seguridad ante los temblores políticos.

El ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte, abrió la sesión con un tono solemne. Reconoció que la compra de camionetas blindadas desató una tormenta, pero argumentó que era una necesidad técnica ante una herencia “chatarra”.

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