La semana pasada el Tribunal Administrativo de Santander anuló el nombramiento de Ana María Rojas Rodríguez como secretaria administrativa de Bucaramanga. La designación la hizo Javier Augusto Sarmiento Olarte en su fugaz y nefasto paso por la alcaldía.

Sarmiento Olarte fue designado por el gobernador de Santander de la terna que le enviaron los partidos que avalaron la inscripción de la candidatura de Jaime Andrés Beltrán Martínez. La terna se conformó luego de que se confirmara la nulidad de su elección como alcalde de Bucaramanga por incurrir en doble militancia. Lo escogió por encima de Magda Patricia Suárez y Cristian Fernando Portilla Pérez, que habían trabajado con el exalcalde.

La ilegalidad del nombramiento de la secretaria administrativa se sustentó en la transgresión de la Ley de Garantías que le impedía modificar la nómina. No será la única sentencia en contra del municipio por decisiones de Sarmiento Olarte. Las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho por las insubsistencias que ordenó en plena Ley de Garantías están caminando y la probabilidad de que condenen al municipio a reintegrar e indemnizar a los funcionarios que echó es bastante alta.

Con ellas vendrán las acciones de repetición en contra de quienes dieron lugar al pago de las indemnizaciones. No hay forma de que eludan la responsabilidad. El exalcalde y quien encargó para que tomara esas decisiones por él deberán responder con su patrimonio por el daño que causaron.

Sarmiento Olarte pasó con más pena que gloria por la alcaldía. Apenas fueron 50 días. Menos mal no fueron más. ¿Se imaginan?

Ahora, los gobernadores deberían entender la gran responsabilidad que implica suplir la vacancia absoluta de un alcalde.

El tema adquirió relevancia a raíz de lo que está pasando en Tunja, donde se confirmó la anulación del acto de elección de Mikhail Krasnov por estar inhabilitado para inscribirse y ser elegido alcalde.

Tan pronto se conoció la decisión, el gobernador de Boyacá anunció que encargaría a uno de sus secretarios de despacho mientras le enviaban la terna. Luego corrigió y dijo que va a encargar a uno de los funcionarios de la administración municipal.

Así debería ser. Así lo indica el sentido común para evitar mayores traumatismos, en especial en lo relacionado con la ejecución del Plan de Desarrollo.

No es una imposición legal. La normativa no establece sobre quién debe recaer el encargo, pero la lógica enseña que debería ser así. Como aconseja también que el gobernador se ponga de acuerdo con el alcalde saliente para definir cuál de los ternados es el más indicado para asumir como alcalde mientras se convoca a elecciones.

Si así lo hubieran hecho, en Bucaramanga nos hubiéramos ahorrado muchos dolores de cabeza.

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