En medio de un clima político cada vez más tenso, Colombia atraviesa días muy difíciles; se suma la incertidumbre electoral. A pocas semanas de las elecciones legislativas, la violencia vuelve a colarse en la campaña: secuestros y ataques contra figuras públicas reavivan el temor de que los grupos armados sigan influyendo en la vida democrática del país. Ya lo vimos hace unos meses con el asesinato de un candidato presidencial, quien sin duda sería la solución para el país: Miguel Uribe Turbay, ante el cual el presidente Gustavo Petro no se vio muy confundido. Más recientemente, con el ataque al senador Jairo Castellanos, donde murieron dos de sus escoltas en la vía Fortul–Tame, en Arauca, mientras se dirigía desde Norte de Santander, al parecer por una fracción del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

En paralelo, el presidente Gustavo Petro ha aceptado la creación de una comisión independiente, con eventual acompañamiento internacional, para examinar señalamientos sobre posibles vínculos del Eln con economías ilegales. La propuesta busca destrabar el diálogo con esa guerrilla, aunque sectores políticos cuestionan su alcance y oportunidad. La paz total, bandera del Gobierno, enfrenta así una prueba compleja entre la desconfianza y la urgencia.

A la tensión política se suma una alerta social preocupante: organismos internacionales han advertido sobre el reclutamiento de menores por grupos armados (los que se convierten en escudos para futuros bombardeos). Este fenómeno evidencia que, pese a los discursos y acuerdos, la violencia sigue encontrando terreno fértil en regiones históricamente olvidadas.

Por si fuera poco, fuertes inundaciones en el norte del país han dejado miles de damnificados, obligando al Ejecutivo a plantear medidas extraordinarias para financiar la atención de la emergencia. Entre debates fiscales y llamados a la reconciliación por parte de la Iglesia Católica y distintos sectores sociales, Colombia enfrenta un momento en el que la institucionalidad y la cohesión nacional vuelven a ponerse a prueba.

No hay duda de que el presidente Petro quiere usar estos acontecimientos, que tanto dolor y solidaridad nacional han generado en nuestra sociedad. Sabemos que el presidente tiene recursos enmochilados para invertirlos en las próximas elecciones y cumplir su sueño de seguir gobernando en cuerpo ajeno; todos esos decretos que está generando y que deben pasar por el filtro de la Corte Constitucional deben ser estudiados con lupa, para que no sigan el mal camino los impuestos que pagamos los colombianos.

Si esto se consigue, ese país solidario, y en especial los grandes empresarios, deberán destinar lo que se salvó de ir a la alcantarilla a atender a los damnificados de los desastres, lo cual agradecerán las familias que están atravesando esos malos momentos.

Entre tanto, no olvidemos que estamos a pocas semanas de darle una nueva vida a este país. Nuevamente invito a todas las familias a salir unidas a votar; los jóvenes deben salir a cumplir con escoger a los mejores. Quien no cumple con los deberes tampoco debe tener derechos.

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