En mi columna de la semana pasada, ¿Y para cuándo las marchas?, mencioné el tema de los llamados “contrataderos”. Aunque fue bien recibida, me llamó la atención que muchos lectores no sabían de qué se trataba el término ni por qué deberíamos marchar. En este espacio busco explicar su significado y mostrar por qué algunos dirigentes políticos, gobernadores y alcaldes, están usando esta figura para contratar desde obras pequeñas hasta proyectos de gran envergadura, sin pasar por los controles formales de contratación.

Para el ingeniero Rodrigo Fernández, padre del término, veedor y experto en temas de contratación, un contratadero es una figura creada por los departamentos y municipios para contratar bajo un régimen especial, al margen de la Ley 80 y de los pliegos tipo. Se rigen por manuales privados de contratación, evadiendo, claramente y sin sonrojarse, el Estatuto General de Contratación, donde su espíritu, precisamente es (¿o era?) garantizar la transparencia en el uso de los dineros públicos y promover la libre competencia entre oferentes.

¿La Ley 80 fracasó? No, pero ha sido debilitada y burlada. ¿Cómo? Con la creación de figuras excepcionales como los fondos mixtos, convenios interadministrativos, la contratación con entidades sin ánimo de lucro, y las asociaciones público-privadas, donde pululan los pliegos “sastre” y la fragmentación de contratos.

¿Y cómo detectar un contratadero? Son entidades jóvenes, sin trayectoria ni músculo financiero para ejecutar contratos gigantes, sin contratar bajo la Ley 80. Los contratos nacen como convenios interadministrativos: gobernaciones y alcaldías giran los recursos libremente y estas entidades subcontratan con los amigos que los apalancaron políticamente. Los requisitos están perfectamente alineados con un único contratista. Siempre el mismo.

Aclaro que dichos fondos mixtos no son ilegales por su naturaleza. Sin embargo, fue el mismo Congreso de la República, con la Ley 1150 de 2007, que les abrió un boquete enorme para que la contratación pública dejara de ser pública y se convirtiera en un asunto entre amigos y familiares. La característica principal de estos fondos mixtos, es generar procesos sin pluralidad de oferentes, adjudicando, como común denominador, contratos “a dedo” a un único contratista, con un altísimo riesgo de corrupción.

Según publicación en Vanguardia, al gobernador de Santander le preguntaron recientemente por qué la obra del nuevo escenario “Arena Bonita”, con un costo cercano a $119.000 millones, se contrató a través de un fondo mixto. La respuesta fue: “lo importante era hacer la obra y hacerla rápido”. Lo alarmante es que alcaldías pequeñas y medianas de Santander ya entraron en la “moda” de crear y contratar con esta figura. ¡Preocupante!

Y, ¿para cuándo la marcha?

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