Colombia tiene una relación contradictoria con la infancia: le exige la madurez de un ciudadano modelo para ir a la cárcel, pero le niega la capacidad de decisión para todo lo demás.

Mientras el Congreso debate cómo blindar a los jóvenes de las pantallas, propuestas recientes pretenden superar la apuesta con una fórmula tan drástica como simplista: juzgarlos como adultos ante la ley penal.

La lógica resulta impecable dentro del absurdo. Si el Estado no logra garantizarles alimentación, educación, salud ni entornos seguros, lo más práctico es transferirles la responsabilidad: que maduren a la fuerza. Un sistema incapaz de asegurar un plato de comida en la escuela sí puede garantizar un expediente judicial........

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