En su intervención del 26 de julio Abelardo de la Espriella afirmó que reabrirá la embajada de Colombia en Jerusalén, transgrediendo las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (242, 338, 478) en las que se establece que Jerusalén Oriental es territorio ocupado, razón por la cual ningún Estado puede establecer embajadas en esa ciudad hasta que se resuelvan los litigios relacionados con su status.

La decisión de De la Espriella expresa su subordinación a la postura del gobierno Trump que, en 2017, bajo su primera administración, decidió trasladar su embajada de Tel Avid a Jerusalén. Tal medida fue posible ante la Jerusalem Embasy Act de 1995, que planteaba ese traslado, medida que fue aprobada bajo la presión de grupos de ultraderecha, especialmente evangélicos, pero que sistemáticamente había sido suspendida por los presidentes subsiguientes. La decisión de Trump pretendía eliminar la distinción entre la parte occidental y oriental y así validar la ocupación israelí, violando el Derecho Internacional y minando las bases legales para que se pueda alcanzar una solución de dos Estados independientes.

Por su parte, el resto de los gobiernos del mundo considera que Jerusalén Oriental es un territorio ocupado por Israel. Por ello, en virtud del Derecho Internacional Humanitario y de la Cuarta Convención de Ginebra, mantienen sus embajadas en Tel Aviv. Solo los gobiernos títere de Guatemala, Honduras y Kosovo optaron después por alinearse con la postura de Trump, contraviniendo así las resoluciones de la ONU, que prohíben explícitamente establecer sedes diplomáticas en Jerusalén Oriental. Cabe destacar que la Asamblea General de la ONU aprobó en 2017 la Resolución ES-10/19, en la que declaró que cualquier decisión sobre el estatus de Jerusalén es ‘nula y sin efecto........

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