En 1932, en Alabama, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos inició un estudio que pretendía observar la evolución natural de la sífilis en población afroamericana rural. La investigación, desarrollada en torno al Instituto Tuskegee, reclutó a 600 hombres pobres, la mayoría jornaleros analfabetos. Los participantes, de los cuales 399 estaban infectados, fueron engañados: nunca se les explicó el verdadero objetivo del experimento ni se les informó de que padecían sífilis, tan sólo “sangre mala”. Incluso, cuando años más tarde la penicilina se consolidó como tratamiento eficaz, se les negó deliberadamente.

Hoy el llamado “experimento de Tuskegee” se considera uno de los mayores escándalos éticos de la investigación biomédica moderna. Pero más allá de la indignación histórica que aún provoca, el caso sigue planteando una cuestión incómoda: ¿cómo pudo mantenerse durante cuarenta años un estudio así en una sociedad que ya conocía principios básicos sobre investigación en seres humanos?

La Declaración de Helsinki, impulsada por la Asociación Médica Mundial en 1964, establecía que el bienestar de la persona debía prevalecer sobre los intereses de la ciencia y la sociedad. Sin embargo, Tuskegee demostró que las normas éticas pueden existir sobre el papel, aunque la práctica real continúa alejándose de ellas.

Cuando el fin justifica los medios

El estudio comenzó en una época marcada por profundas desigualdades raciales y sociales, y pretendía comprender la evolución clínica de la sífilis no tratada. Pero su diseño partía de una relación profundamente desigual entre investigadores y participantes.

Los hombres reclutados fueron atraídos con promesas de asistencia médica gratuita, comidas y........

© The Conversation