Mientras los gobiernos de todo el mundo endurecen los controles migratorios, España ha tomado un camino sorprendentemente diferente. En enero de 2026, el Consejo de Ministros aprobó un decreto que abre la vía a la residencia legal para cientos de miles de migrantes indocumentados que ya viven en el país. En un momento en el que las deportaciones, las detenciones y la exclusión dominan los debates sobre migración en otros lugares, España ha optado por la regularización.

La medida permite a los migrantes sin estatus legal solicitar permisos de residencia temporal, sacándolos de la invisibilidad administrativa. El contraste con otros países es notable. Mientras que el ICE intensifica sus operaciones en Estados Unidos y los gobiernos europeos –incluido el del Reino Unido– avanzan hacia políticas de inmigración más duras, España ha manifestado su voluntad de integrar en lugar de excluir.

El decreto no es el resultado de una iniciativa gubernamental repentina, sino de un largo proceso político y social. Sus raíces se encuentran en una iniciativa legislativa popular, un mecanismo consagrado en la Constitución que permite a los ciudadanos presentar propuestas legislativas al Parlamento con al menos 500 000 firmas de apoyo.

En este caso, más de 700 000 personas respaldaron una iniciativa promovida por organizaciones sociales que exigían la regularización extraordinaria de los migrantes que viven en España sin papeles. Según los organizadores, alrededor de 500 000 personas se veían afectadas, lo que significa que residían y trabajaban en España sin acceso a los derechos básicos.

En abril de 2024, el Congreso de los Diputados votó por abrumadora mayoría a favor de estudiar la propuesta. Un total de 310 diputados la apoyaron, con solo 33 votos en contra; Vox fue el único que se opuso. A pesar de este amplio respaldo parlamentario, la iniciativa se estancó a finales de ese año y siguió bloqueada.

El decreto aprobado en enero de 2026 reaviva explícitamente la propuesta ciudadana, pero también se basa en experiencias anteriores. El precedente más notable se remonta a 2005, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero regularizó a más de 570 000 inmigrantes indocumentados.

Este proceso........

© The Conversation