Tras la disolución de las Cortes el pasado 5 de octubre, una de las primeras reacciones del PP ha sido poner en cuestión el derecho de voto de mas de 370.000 ciudadanos, que han adquirido la nacionalidad de la que fueron despojados por el exilio de sus mayores, gracias a la Ley de Memoria Democrática, la llamada “Ley de Nietos”. A eso se ha sumado una campaña específica contra el voto por correo, contra los directivos del Servicio de Correos y contra el propio gobierno progresista convocante de las elecciones, como si el garante constitucional del proceso no fuera la Junta Electoral.

Aunque la campaña actual tiene sus propias motivaciones y un contexto internacional -en el que el  trumpismo no hace más que cuestionar los procesos electorales como fundamento de legitimidad de los gobiernos, bien sea por el censo, el mecanismo de voto o la influencia de terceros estados a través de la llamada “guerra hibrida”-, en el caso del Reino de España es imposible dejar de detectar el tufo censitario y franquista del discurso.Como es conocido, el PP de Aznar perdió las elecciones del 2004, cuando las encuestas le suponían una ligera ventaja. Lo atribuyó a una “conspiración” que acabaría en los mayores atentados de nuestra historia, el 11-M. Aznar, el CNI y la diplomacia española insistieron durante días, a pesar de las evidencias, que se trataba de atentados de ETA. Porque reconocer que había sido un ataque yihadista suponía plantear la responsabilidad de un gobierno que ilegalmente se había sumado a la guerra de Irak contra la opinión mayoritaria de sus ciudadanos. Así que la victoria del PSOE se convirtió en un “robo de las elecciones” y la formación del gobierno Zapatero en un efecto indeseado de la “guerra hibrida” yihadista. El discurso sobre la ilegitimidad se volvió a repetir en 2023, cuando el PP quedó como primer partido en las elecciones, pero Feijoo no pudo lograr los votos para gobernar. La mayoría parlamentaria que apoyó al segundo gobierno progresista, inmediatamente fue cuestionada por estar compuesta de “filo-etarras”, independentistas, comunistas y haberse pactado a cambio de la amnistía de Puigdemont y los encausados por el “procés” catalán. A esta cantinela se unieron posteriormente dos acusaciones más: la de la corrupción del PSOE y el entorno familiar de Sánchez (cuando la moción de censura contra Feijoo había sido por la corrupción institucional del PP) y la “traición” contra la nación por no haber impedido la crisis humanitaria en Ceuta el 30 y 31 de julio pasados.¿Qué problema tienen Feijoo, el PP y Vox con el principio “un ciudadano, un voto”?De entrada, hay que tomar nota de la proposición reaccionaria de que la soberanía reside en la “nación”, una entidad política anterior al concepto de ciudadania y democracia. Para esta concepción tradicionalista mítica, con claras referencias al antiguo régimen, la “nación” viene........

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